Estados Unidos denuncia «grave corrupción gubernamental» en Argentina y cita el caso de Cristina | Hostigamiento a periodista tucumana

En un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, Estados Unidos denunció este lunes “graves problemas con la independencia del poder judicial” y una “grave corrupción gubernamental” en la Argentina.

El Departamento de Estado difundió el informe llamado 2022 Human Rights Report, un sumario que evalúa anualmente la situación particular de los derechos humanos de cada país y remarca ciertas cuestiones particulares a las que prestar atención.

Según explicó el secretario Antony Blinken en una conferencia de prensa este lunes, este informe ha servido durante más de medio siglo como “un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia”.

En el caso de Argentina, el gobierno de Joe Biden advirtió sobre varios temas: “Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes fidedignos de: homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”.

Y el Departamento de Estado terminó la lista con otras dos cuestiones: “Graves problemas con la independencia del poder judicial y la grave corrupción gubernamental”. Señaló que “el Gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”.

En el capítulo titulado “Denegación de un juicio público imparcial”, el informe señala que en la Argentina “la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales. Según las ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales eran a veces objeto de manipulación política”.

El reporte señala que, en general, el poder judicial generalmente hizo cumplir el derecho a “un juicio justo y público”. Sin embargo, advierte sobre “las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial”.

También sobre “la amplia discrecionalidad de los jueces sobre las investigaciones y cómo llevar a cabo las investigaciones contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias”.

En el capítulo sobre corrupción y transparencia del Gobierno, Estados Unidos señala que “la ley establece sanciones penales para la corrupción de los funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. La debilidad de las instituciones y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavan los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.

Y señaló que “varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango y ex personalidades políticas, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaban en curso hasta septiembre”, que es cuando cerró el informe, o sea que no tomó en cuenta la sentencia dictada contra la ex presidenta en diciembre por la causa Vialidad.

El informe igualmente se explaya sobre la situación de la presidenta (hasta septiembre): “Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en US$ 160 millones», señala.

Y agrega que «el 22 de agosto los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la sentenciara a 12 años de prisión e impusiera una prohibición de por vida para servir en cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera”.

En otra parte del capítulo, el Departamento de Estado señala otros estamentos donde predominan los delitos:  “Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad”, denuncian. Y dice que “los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”.

El reporte también hace referencia a la situación de la libertad de expresión en la Argentina. Señala que en nuestro país “la Constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, y el gobierno generalmente respetó este derecho”.

Sin embargo, destacaron algunos casos contra periodistas que “socavan la libertad de expresión en el país” que fueron resaltados por FOPEA (el Foro Argentino de Periodismo), entre ellos demandas contra la periodista tucumana, especializada en investigación, Irene Benito (La Gaceta), Daniel Santoro (Clarín) y Daniel Enz (Revista Análisis). En todos estos casos, FOPEA argumentó que figuras políticas utilizaron el sistema legal para silenciar a estos periodistas.

Este reporte anual cubre 198 países y territorios, proporcionando “información objetiva basada en informes creíbles de los eventos que ocurrieron a lo largo de 2022”, señalan.

Explican que estos informes son meticulosamente compilados por empleados del Departamento de Estado en Washington, D.C., y en las misiones de EE.UU. en el extranjero en todo el mundo, quienes “pasan miles de horas preparando los informes utilizando información creíble de embajadas y consulados de los Estados Unidos en el extranjero, funcionarios de gobiernos extranjeros, organizaciones no gubernamentales e internacionales, juristas y expertos legales, periodistas, académicos, defensores de los derechos humanos, activistas laborales, e informes publicados”, señalaron.

“ Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de garantizar su exactitud”, aseguran.

Luego de conocido el informe, fuentes del gobierno de Alberto Fernández señalaron que el reporte «es parecido al de otros años, resalta aspectos positivos y negativos de distintos países. Con EE.UU. Argentina comparte valores comunes como el respeto de los derechos humanos».

Las fuentes oficiales añadieron que «este tipo de informes son diagnósticos unilaterales, que algunos países realizan hace tiempo». Y que Argentina elige para analizar la situación de otros países la información de mecanismos multilaterales de derechos humanos como el Consejo de DDHH. de la ONU./Clarín

El caso de la periodista tucumana:

En su momento el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) había manifestado su preocupación frente al embate judicial al que fue sometida la periodista de Tucumán Irene Benito y advertía que ampliaría el repudio y las denuncias por hostigamiento contra la colega ante los órganos supranacionales de Derechos Humanos.

Lo que advertía el comunicado de esa asociación periodística:

Esta vez, el Ministerio Público Fiscal recurrió la sentencia de la camarista penal Alicia Freidenberg, que dejó sin efecto la participación como querellante del letrado Alfredo Falú en la causa judicial, un abogado y funcionario público que había sido investigado por Irene Benito y el medio en el que aquella trabaja, La Gaceta, en conexión con una serie de casos de supuesta corrupción judicial. Freidenberg había concluido que se trata de una cuestión que no trasciende el derecho privado, por ende, ajena al derecho penal. Ahora, la fiscal de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira interpuso un recurso de casación para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y afirmó que el fallo de la camarista reviste “gravedad institucional”.
Resulta cuanto menos insólito que la fiscal que recurre el fallo en favor de la periodista sea, casualmente, la madre de la fiscal de instrucción (Mariana Rivadeneira) que había impulsado la acusación contra Benito. En su recurso, Jerez de Rivadeneira utiliza los argumentos de la colega en su contra e invoca jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada para supuestos de actuación desbordada del sistema represivo estatal, con lo cual pone al Estado en posición de víctima de derechos humanos. FOPEA advierte que se está frente a una grave lesión de la garantía de imparcialidad objetiva y subjetiva al habilitarse una vía recursiva “parental”.
FOPEA reitera su preocupación por las implicancias que este caso puede tener para el ejercicio de la libertad de expresión porque el objetivo claro que persigue es disciplinar a la prensa crítica e independiente. La criminalización de la actividad periodística en Tucumán forma parte central del reporte sobre Argentina que esta organización presentó ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas y denunciada ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.