La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha solicitado que cesen las acciones de persecución contra los miembros de la oposición venezolana que están protegidos en la embajada argentina en Caracas, y ha pedido un salvoconducto para permitir su tránsito seguro por el país sin riesgo de detención.
Actualmente, la embajada argentina alberga al encargado de Negocios Andrés Mangiarotti, junto con cinco diplomáticos y dos agregados, así como a seis dirigentes venezolanos que han estado asilados desde el 20 de marzo. Esta solicitud de salvoconducto se ha hecho más urgente tras la denuncia de Argentina sobre el fraude electoral en las recientes elecciones, lo que llevó al régimen de Nicolás Maduro a exigir la salida de los funcionarios del gobierno de Javier Milei del país, incluyendo a los asilados.
A través de un comunicado difundido por su Embajada en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación por las «amenazas y persecución» que enfrentan los opositores en la sede diplomática argentina y ha instado a la aprobación inmediata del salvoconducto para garantizar su seguridad. Los opositores asilados incluyen a Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda, quienes están vinculados a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
El régimen de Maduro ha dado a los diplomáticos argentinos un ultimátum de tres días para abandonar Venezuela, el cual vence mañana. Este plazo se estableció tras las críticas de Argentina al fraude electoral, con la advertencia del régimen de que «se solicita el retiro de los funcionarios diplomáticos y consulares argentinos en un plazo máximo de 72 horas» desde la fecha de la orden.
Mientras tanto, la embajada argentina en Caracas está siendo cercada por las fuerzas policiales del régimen, según denuncias del comando nacional de campaña de la oposición. Un colaborador de María Corina Machado, que se encuentra en la embajada, informó que la policía intentó ingresar a la residencia diplomática.
En caso de que se cierre la embajada, el gobierno argentino deberá negociar una solución alternativa para evacuar a los asilados. Esta tarea se complica debido a la difícil relación entre los presidentes y las interrupciones en los vuelos desde y hacia Caracas. La Cancillería argentina, dirigida por Diana Mondino, ha estado intentando obtener un salvoconducto desde que los asilados solicitaron protección, pero ha enfrentado obstáculos por parte del régimen chavista. Costa Rica ha ofrecido mediar en la situación.
Actualmente, la Cancillería está considerando dos posibles soluciones: la recepción de los asilados por las embajadas de Paraguay o El Salvador, ambos aliados de Argentina. El presidente Javier Milei mantiene buenas relaciones con sus homólogos Santiago Peña y Nayib Bukele, y se están llevando a cabo comunicaciones con ambos países. Si estas opciones no resultan viables, el gobierno argentino buscará alternativas adicionales con otros países que puedan ofrecer refugio a los opositores venezolanos.