Las agrupaciones pertenecientes al bloque de Unidad Piquetera llevarán a cabo una manifestación en protesta contra las medidas económicas de Javier Milei, programada para el miércoles a partir de las 16:30. En una novedosa aplicación del protocolo de orden público anunciado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó la intención del Gobierno de garantizar que la movilización transcurra «en absoluta paz» y en estricto cumplimiento de la ley. Quienes participen en cortes de calles, según reiteró Adorni, perderán el acceso al plan social, y se instó a denunciar cualquier amenaza a través de la línea telefónica 134.
La protesta, respaldada por movimientos populares, organizaciones sociales, sindicatos y centros de estudiantes, tiene como objetivo frenar lo que consideran un «plan de ajuste y miseria» impulsado por Milei y el FMI. Las columnas de manifestantes se dirigirán desde el Congreso y el Obelisco hacia Plaza de Mayo, donde se leerá un documento consensuado entre las agrupaciones. En el evento se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público, considerándolo inconstitucional, y se abogó por la defensa del derecho a la protesta.
En una conferencia de prensa participaron referentes de diversas organizaciones convocantes, entre ellas la Unión Ferroviaria, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Suteba, metrodelegados AGTSyP, y la Asociación Gremial Docente (ADG). También estuvieron presentes legisladores y referentes del Frente de Izquierda-Unidad, como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Romina Del Plá.
El protocolo anunciado por Bullrich ha generado rechazo por parte de fuerzas políticas de izquierda y organizaciones sociales, incluido el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Se han presentado recursos legales para impugnar el protocolo, que será aplicado por primera vez durante esta movilización. Entre las solicitudes destaca la de más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, que han planteado ante organismos internacionales la exigencia de poner fin a las «medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas». El gobierno bonaerense ha decidido no aplicar el protocolo en su territorio, argumentando que criminaliza la protesta, en contraposición a la decisión del Gobierno nacional.