Ex concesionaria del estacionamiento pago en la Capital pide a la Corte que defina el conflicto

Las proyecciones en San Miguel de Tucumán respecto a una eventual reactivación del sistema de estacionamiento medido se vieron recientemente obstaculizadas por un conflicto judicial. La firma Tecno Agro Vial, que integra una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a Teknoware SA, interpuso un recurso de casación con el objetivo de revertir el fallo dictado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esta resolución anulaba la adjudicación del servicio que había sido otorgada durante la gestión del ex intendente Germán Alfaro.

Mediante la representación legal del abogado Esteban Galvaire Monroy, la UTE cuestionó la validez del fallo que, según alegaron, anulaba injustificadamente el contrato para operar el sistema de estacionamiento tarifado que había comenzado a funcionar de manera parcial en 2022. Tecno Agro Vial ahora solicita que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) revise y revoque esa resolución desfavorable. Además, advirtió que, de no tener éxito en esta instancia provincial, elevará el reclamo ante la Corte Suprema de la Nación.

La sentencia impugnada había sostenido que Tecno Agro Vial no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del contrato, debido a que al momento de presentar su oferta se encontraba en concurso preventivo, situación que contravenía lo estipulado. Las magistradas Ana María José Nazur y Felicitas Masaguer remarcaron que esto violaba el principio de buena fe contractual, un elemento esencial en los contratos administrativos. En consecuencia, resolvieron declarar nulo el decreto municipal 4.711/21, mediante el cual se había otorgado la concesión del servicio, además de poner en tela de juicio el canon acordado, que representaba el 15% de lo recaudado en unas 300 cuadras céntricas.

La posibilidad de relanzar el sistema, que forma parte del plan de reordenamiento del tránsito urbano, ahora queda condicionada al desenlace del proceso judicial, ya que mientras el fallo no quede firme, no se podrá avanzar formalmente en una nueva adjudicación.

El dictamen judicial favorable a los demandantes surgió a partir de acciones legales promovidas por distintas entidades, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la organización de consumidores Fodecus, y un grupo de personas que se desempeñan como “cuidacoches” en la vía pública.

En un extenso documento de 35 páginas, Tecno Agro Vial defendió el proceso que derivó en la contratación directa tras dos intentos fallidos de licitación pública, y enumeró las normativas que, según sus argumentos, avalaban el acuerdo firmado con la administración municipal. En el escrito, la UTE sostuvo que la sentencia en cuestión no realizó un tratamiento jurídico adecuado de la acción de amparo colectivo, ni de las pretensiones reales presentadas por los actores judiciales.

Además, enfatizó que tanto Tecno Agro Vial como Teknoware cuentan con una amplia experiencia en contrataciones públicas y poseen la capacidad técnica y operativa suficiente para implementar sistemas como el de estacionamiento tarifado. De hecho, argumentaron que el servicio, antes de ser suspendido por una medida cautelar en agosto de 2022, funcionó sin inconvenientes. En esta línea, recalcaron que ambas firmas cumplen con los requisitos técnicos para el desarrollo del software de gestión y la implementación operativa del sistema.

Por el momento, el proceso continúa, y las demás partes intervinientes deben responder al traslado judicial. Mientras tanto, desde la empresa manifestaron su determinación de agotar todas las instancias legales disponibles para revertir la situación y poder retomar la prestación del servicio.