En la localidad de Las Cejas, situada en el departamento Cruz Alta, tres ex empleados de la comuna presentaron denuncias formales que apuntan a un presunto esquema de retención indebida de salarios y cobros ilegales, señalando directamente a la comisionada comunal, Cristina Mabel Contreras, como la principal responsable de estos hechos.

Según los testimonios recopilados, la funcionaria habría retenido las tarjetas de cobro de los trabajadores, apropiándose de hasta un 70% de sus sueldos. Esta situación fue comparada por vecinos con el escándalo conocido como “Chocolate”, que en 2023 sacudió a la Legislatura bonaerense por irregularidades similares en el manejo de fondos públicos.

Mónica Risso, de 53 años, relató que durante varios años apenas percibió una fracción de su salario: “Mi sueldo era de casi $15.000, pero me entregaban $3.000. Las tarjetas quedaban en poder de la comisionada, que retiraba el dinero del banco y nos pagaba en su domicilio”, explicó. Risso agregó que cuando reclamó el pago de su aguinaldo sufrió represalias: su contrato y el de varios familiares fueron rescindidos, obligándola a abandonar el pueblo por temor a represalias.

Por su parte, Guillermo Medina, ex jefe de Personal entre 2015 y 2022, confirmó que los pagos se efectuaban en la vivienda de Contreras, quien retenía parte de los salarios. Medina indicó que fue despedido luego de que un familiar suyo fuera fotografiado con un opositor político, reforzando la idea de que las acciones de Contreras incluían persecución laboral.

Otro testimonio clave provino de Martín Mercedes Medina, de 64 años, quien acusó a la comisionada de haberse apropiado de un beneficio por Entierro y Luto de $140.000 correspondiente tras el fallecimiento de su esposa, quien trabajaba como empleada administrativa de la comuna en 2020.

Los denunciantes aseguran que esta práctica se replicó con otros empleados que, por miedo a represalias, no se animan a hablar. Vecinos destacaron que el caso presenta similitudes con el escándalo “Chocolate”, incluyendo cobros indebidos, contratos ficticios y apropiación de beneficios laborales.

Debido a estas denuncias, la comuna de Las Cejas ya se encuentra bajo intervención administrativa, y la comunidad exige a las autoridades provinciales aclaraciones concretas y el avance de las investigaciones judiciales correspondientes.

Cristina Contreras rechazó de manera tajante las acusaciones, argumentando que se trata de una persecución política orquestada por el dirigente local Ariel Figueroa y el ex subsecretario operativo de Transporte de la Capital, Enrique Romero. “Estas denuncias aparecen siempre en época electoral. Están inducidas y pagadas por mis adversarios. Por escribano público está demostrado que todo es falso”, afirmó.

La comisionada reconoció que las autoridades provinciales intervinieron en la comuna, pero aseguró estar a disposición del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro del Interior, Darío Monteros. Asimismo, denunció que es víctima de seguimientos y hostigamientos, relatando: “Hace un mes que tengo autos que me persiguen y me sacan fotos en lugares que frecuento. Esto es político, yo me dedico a trabajar”.

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