El juicio correspondiente a la megacausa “Jefatura III” ha llegado a su conclusión. En este proceso judicial, veinticuatro exmilitares y expolicías de Tucumán enfrentaron acusaciones por delitos cometidos contra 232 víctimas, de las cuales 84 permanecen desaparecidas. Las investigaciones se centraron en crímenes de lesa humanidad perpetrados en centros clandestinos de detención, ubicados tanto en la sede de la jefatura policial provincial como en las instalaciones del antiguo Ingenio Nueva Baviera, que cerró sus puertas en 1966.
El fiscal federal Pablo Camuña, junto a la auxiliar fiscal Valentina García Salemí, había solicitado penas de prisión perpetua y condenas de hasta quince años para los 24 acusados. El 30 de septiembre, el veredicto fue emitido por la justicia, resultando en diez condenas a cadena perpetua, siete penas más leves y siete absoluciones.
“Estamos satisfechos con los resultados; se dictaron diez cadenas perpetuas, y las penas impuestas son considerables, mientras que las absoluciones serán analizadas una vez que tengamos los fundamentos necesarios para ello”, comentó García Salemí en una conversación con eltucumano. Además, subrayó un avance significativo en la consideración de la violencia de género, que fue reconocida específicamente durante el periodo del terrorismo de estado: “Se ha establecido que muchas mujeres y niñas fueron víctimas de violaciones de derechos de género, sufriendo violencia sexual, lo cual fue probado durante este juicio. Esto no es solo un caso de tortura, sino de violencia sexual explícita, lo cual también se considera un delito de lesa humanidad”.
Camuña y García Salemí, en sus alegatos, habían solicitado penas perpetuas para varios exmilitares, incluyendo a Augusto Leonardo Neme, Camilo Angel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Luis Edgardo Ocaranza y Mario Miguel Dursi, así como para exagentes de la Policía de Tucumán como Ricardo Sánchez y María Luisa Acosta de Barraza. Para el exmilitar José Roberto Abba y el expolicía Ramón Jodar, pidieron quince años de prisión, mientras que el expolicía Emilio Abec enfrentaba una pena de 14 años. Otros exagentes de la Policía de Tucumán tenían penas solicitadas que variaban entre 6 y 13 años. Es importante mencionar que Manuel Vila falleció justo cuando comenzaba la discusión final del juicio, y Antonio Vercellone murió durante la segunda jornada de alegatos.
Las audiencias comenzaron en junio y detallaron las pruebas que se presentaron durante el juicio, las cuales evidenciaron el papel central que jugaron tanto la Jefatura como el Ingenio Nueva Baviera en la represión durante la última dictadura en la provincia. Camuña también señaló la existencia de un pacto de silencio entre los acusados, el cual impide brindar información sobre el paradero de las víctimas desaparecidas, enfatizando que esta omisión no solo afecta a los familiares, sino que también obstaculiza el esclarecimiento de los hechos por los que fueron juzgados.
El fiscal destacó que, aunque gran parte de la documentación relevante fue destruida, se logró reunir una amplia cantidad de pruebas durante el juicio que “han permitido comprobar la materialidad de los hechos”. Se escucharon 213 testigos ante el tribunal, además de 65 testimonios provenientes de otros juicios y casi un centenar más incorporados por lectura, junto a 107 habeas corpus originales de la época de los hechos y cerca de doscientos legajos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y de la Comisión Bicameral investigadora de la Legislatura de Tucumán, así como denuncias presentadas ante organismos internacionales de derechos humanos.
Un elemento crucial en la investigación fue la identificación forense de 17 cuerpos o fragmentos óseos recuperados de una fosa común conocida como “Pozo de Vargas”, así como uno más en el cementerio de Choromoro.
La fiscalía también valoró altamente la documentación recuperada de la Jefatura, la cual fue hallada por el testigo Juan Carlos Clemente entre 1977 y 1978 y conservada hasta 2008, cuando la presentó ante el tribunal durante su testimonio en el juicio conocido como “Jefatura I”. Esta documentación, calificada por la fiscalía como “única en el país y de enorme relevancia histórica”, incluye un documento de inteligencia titulado “Índice de declaraciones de DS (delincuentes subversivos)”, donde se enlistan 293 personas que pasaron por el CCD “Jefatura”. Cada víctima tenía una anotación que indicaba su destino, ya sea “PEN” (que significaba la legalización de su detención por el Poder Ejecutivo Nacional), “libertad” (para aquellos liberados sin formalidades) o “DF” (Disposición Final), lo que implicaba que se había decidido su ejecución extrajudicial y la ocultación de sus cuerpos.
Camuña también destacó que el 65% de las víctimas eran jóvenes entre 20 y 39 años, muchos de los cuales tenían hijos al momento de su secuestro, y un 80% de ellos fueron secuestrados en sus hogares, principalmente en las áreas urbanas de la capital provincial y el Gran San Miguel de Tucumán. Además, subrayó que la mayoría de las víctimas pertenecían a tres grupos principales: trabajadores de la industria azucarera, funcionarios del gobierno depuesto y estudiantes universitarios. En los casos donde se comprobó su militancia, pertenecían a organizaciones sindicales, estudiantiles, barriales o a diversas ramas del peronismo y el radicalismo.
Durante su intervención, Camuña solicitó al tribunal que todos los hechos incluidos en la causa fueran considerados como crímenes de lesa humanidad, petición que fue respaldada por la auxiliar fiscal García Salemi en la segunda jornada, antes de realizar un análisis detallado de cada uno de los casos en el proceso judicial.