Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros, expresó en X su preocupación sobre el estado del listado de pensiones por invalidez de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Francos señaló que en 2003 había 79 mil pensiones por invalidez, cifra que fue aumentando cada año, excepto durante el gobierno de Macri, hasta alcanzar 1.215.000 en 2023. Este aumento representa un costo anual de 3.000 millones de dólares. Según Francos, el número de beneficiarios en Argentina supera al de países que han pasado por guerras, algo que no ocurrió en Argentina.
Destacó que una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad reveló que, de 3 mil pensiones revisadas al azar, el 80% no cumplía con los requisitos mínimos para ser otorgadas. Proyectado al total de las pensiones, esto representa un gasto de 2.400 millones de dólares anuales sin justificación.
Francos criticó a la oposición del Gobierno tras la aprobación en Diputados de la nueva movilidad jubilatoria, señalando que el incremento de haberes jubilatorios tendrá un costo de medio punto del PBI sin que el Estado tenga los recursos necesarios.
El programa de Pensión no Contributiva por Invalidez de ANSES proporciona una suma de dinero mensual a personas con problemas de salud o en situación de vulnerabilidad social, sin requerir aportes previos.
Para obtener la Pensión por Invalidez, se deben cumplir ciertos requisitos:
- Demostrar problemas de salud o vulnerabilidad social mediante un Certificado Médico Oficial y una evaluación socioeconómica de la Agencia Nacional de Discapacidad.
- No tener empleo formal ni estar inscrito en ningún régimen laboral vigente.
- Ser argentino nativo, naturalizado o residente con al menos 10 años de residencia continua, demostrado con el DNI.
- No ser beneficiario de ningún otro régimen de previsión, retiro o pensión contributiva o no contributiva.
- Si eres menor de edad, no debes tener parientes legalmente obligados a proporcionarte alimentos, y se evaluará la actividad e ingresos de tus parientes y su grupo familiar.
- No poseer bienes, ingresos o recursos suficientes según los criterios socioeconómicos establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad.
- No estar detenido en establecimientos penitenciarios.