Gremio de estaciones de servicio pide frenar el autoservicio de combustible en Tucumán

En los últimos cuatro meses, la postura del gremio que representa a los trabajadores de estaciones de servicio pasó de la cautela a una firme oposición frente al avance del autoservicio de combustibles en Argentina. Este martes, el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio y Garajes (Soesyga) hizo pública su desaprobación a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación Nacional, encabezado por Federico Sturzenegger. Según el gremio, lejos de simplificar procedimientos, esta medida representa una amenaza directa a la estabilidad laboral de más de 2.200 empleados del sector solo en Tucumán.

Cuando la propuesta fue inicialmente presentada por el gobierno de Javier Milei en diciembre, los representantes sindicales manifestaron su preocupación pero también su falta de información concreta. En aquel momento, Juan José Aguirre, dirigente de Soesyga, sostuvo que el gremio intentaba llevar calma a los trabajadores, afirmando que el objetivo declarado por el Gobierno era ampliar las opciones de los consumidores, permitiendo elegir entre el autoservicio y la atención tradicional brindada por personal capacitado.

Sin embargo, el escenario cambió significativamente este martes, cuando la administración nacional formalizó la normativa que reglamenta el funcionamiento del autoservicio en las estaciones que decidan implementarlo. A través de la Resolución 147/2025, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron los requisitos técnicos, de seguridad y los pasos administrativos necesarios para habilitar este tipo de servicio, lo cual fue interpretado por el sindicato como un avance concreto hacia la automatización del sector y, por ende, un desplazamiento de la mano de obra humana.

En respuesta, Soesyga anunció que impulsará en la Legislatura tucumana un proyecto de ley con el fin de prohibir el uso del autoservicio en todo el territorio provincial. Esta estrategia busca replicar lo ya concretado en jurisdicciones como Jujuy, Corrientes, Misiones y Córdoba, donde existen normativas que impiden el funcionamiento de este sistema. Aguirre indicó que ya se han iniciado conversaciones con legisladores locales para dar forma a la propuesta legal y avanzar en su tratamiento.

Desde el sindicato se cuestionaron diversos aspectos del nuevo reglamento oficial. El primero de ellos es el argumento central del Ministerio de Desregulación, que plantea que el autoservicio servirá para eliminar trabas burocráticas que obstaculizan el normal funcionamiento de las estaciones. Aguirre fue enfático en señalar que “el trabajador no constituye una traba burocrática” y que estas modificaciones sólo contribuyen a precarizar su situación laboral.

Otro punto destacado por el gremio es el cambio en el enfoque inicial de la medida. En un comienzo, se hablaba de una coexistencia entre ambos sistemas —autoservicio y atención personalizada—, pero con la nueva normativa, los empresarios tendrán libertad para adoptar el modelo automatizado de manera total en sus instalaciones, lo que en la práctica podría significar el reemplazo completo del personal.

Además, se cuestionó el impacto económico que podría tener esta modalidad sobre el empleo. Aguirre advirtió que el sistema de autoservicio vendrá acompañado de un precio reducido como incentivo para los clientes, ya que se eliminarán los costos vinculados a salarios y condiciones laborales. En un contexto de crisis económica, esta diferencia de precios podría resultar determinante para los consumidores, afectando directamente la sustentabilidad del trabajo en las estaciones de servicio.

Uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno en favor del autoservicio es que podría ayudar a mejorar la seguridad de los trabajadores, sobre todo en zonas donde se han registrado hechos de violencia, en especial durante los turnos nocturnos. No obstante, desde el gremio esta visión fue rechazada. Aguirre advirtió que, lejos de reducir riesgos, el nuevo sistema expone a los usuarios, particularmente a mujeres y niños, quienes ahora deberán descender de sus vehículos para cargar combustible, aumentando así su vulnerabilidad frente a delitos como el robo de automotores, un fenómeno que ya ha mostrado un crecimiento preocupante en Tucumán y otras provincias.

En paralelo a su postura pública, el sindicato tenía prevista una reunión con los empresarios nucleados en la Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), con el objetivo de evaluar el impacto del autoservicio y otros temas sensibles del sector. Entre ellos, el gremio planeaba abordar el retraso en la actualización de los salarios y la participación en el paro general convocado por la CGT para este jueves, sumando el reclamo por la defensa del empleo en las estaciones de servicio como uno de los ejes del conflicto.