Después de no dar quórum la semana pasada por la falta del informe de costos de la Municipalidad, la comisión de Transporte del Concejo Deliberante se reuniría hoy para debatir el aumento del boleto urbano, un tema que aún no tiene dictamen para ser tratado en el recinto.
El concejal peronista Ernesto Nagle, vicepresidente de la comisión, dijo que el informe es necesario para avanzar y buscar consenso entre todos los actores políticos. El debate surgió a partir de un pedido de aumento del boleto, actualmente de $84, a $361 por parte de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
Nagle comentó que cada sector tiene diferentes posturas y que el número que se analiza es muy lejano al solicitado, aunque considera justificado el pedido de Aetat, ya que el último aumento fue en noviembre del año pasado.
“Nosotros entendemos la situación, el contexto difícil manejado por la inflación, pero también tenemos nuestra mirada y es por eso que buscamos el consenso entre todas las fuerzas”, dijo Nagle, que aseguró que los concejales buscarán “ el equilibrio entre el usuario, para que tenga el menor impacto posible, y entre la empresa, para que siga funcionando”.
Sobre las demoras del Ejecutivo en enviar el análisis de costos del transporte público para su revisión, el concejal aseguró que “son tiempos que se tienen que tomar”. “Son situaciones de muchísima responsabilidad a la hora de tomar una decisión, como todas las cosas que se tratan en el Concejo, pero especialmente hablar de un aumento no es fácil”, expresó.
“El límite es el tiempo, medir que se resuelva lo antes posible. Pero hay que ser respetuosos de los informes que nos manden para poder tomar una decisión”, resaltó Nagle.
La Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio de Tucumán (SEOC), con la firma de su secretario general, Serafín Páez, hizo una presentación al Concejo solicitando que no se apruebe el aumento tarifario.
“Este y cualquier tipo de aumento que sea otorgado perjudica sobremanera a los empleados de comercio”, establece el documento, que fundamenta que un incremento en el costo del boleto se llevaría “un 30% del sueldo de un trabajador mercantil”.
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