Imputados por el accidente en el ingenio Santa Bárbara deberán pagar una indemnización y realizar trabajos comunitarios

Luego de ser señalados como posibles responsables de un accidente laboral fatal ocurrido en una planta industrial, dos hombres lograron acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, lo que les permitirá evitar enfrentar un proceso penal formal. Esta medida alternativa fue autorizada tras una audiencia en la que se acordó que ambos deberán cumplir con tareas comunitarias y, además, resarcir económicamente a los familiares de la víctima.

El trágico episodio tuvo lugar el 6 de julio de 2024 dentro de las instalaciones del Ingenio Santa Bárbara, ubicado en el departamento Río Chico. En esa ocasión, un operario de 53 años perdió la vida tras caer por el hueco de un montacargas desde una altura cercana a los ocho metros. El trabajador había finalizado trabajos de mantenimiento en el sector de fabricación cuando ocurrió el fatal accidente.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados Contra las Personas del Centro Judicial Concepción, bajo la conducción del fiscal Miguel Varela. Las averiguaciones determinaron que el hecho se desencadenó debido a deficiencias en la implementación de medidas básicas de seguridad. De acuerdo con los elementos reunidos durante la instrucción, la víctima carecía de los elementos de protección personal indispensables, y se estableció que hubo negligencia por parte de quienes debían garantizar condiciones seguras en el ámbito laboral.

Los implicados en la causa, de 36 y 37 años de edad, desempeñaban funciones clave en la planta industrial: uno de ellos tenía a su cargo el área de seguridad e higiene, mientras que el otro era el supervisor directo de la sección donde ocurrió el accidente. Ambos fueron imputados por el delito de homicidio culposo, al considerar que actuaron con falta de cuidado o previsión en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Durante la audiencia llevada a cabo este miércoles, se presentó formalmente la solicitud de aplicar una suspensión del juicio a prueba (también conocida como «probation»), propuesta que contó con la aprobación del Ministerio Público Fiscal. Como parte del acuerdo judicial, los acusados deberán prestar servicios comunitarios por un período de dos años en una institución local: la Asociación Civil, Deportiva y Cultural de Santa Bárbara.

En paralelo con las tareas comunitarias, se estableció que los imputados indemnizarán a los familiares del trabajador fallecido. Cada uno de ellos se comprometió a pagar la suma de $480.000, que será abonada en cuotas mensuales de $40.000 a lo largo de un año.

Esta resolución judicial busca ofrecer una respuesta alternativa al conflicto penal, combinando la reparación simbólica y económica del daño con el cumplimiento de un compromiso social, mientras la Justicia sigue avanzando en la supervisión del cumplimiento de los términos acordados.