En Tucumán, entre 15.000 y 70.000 usuarios del servicio eléctrico podrían enfrentar aumentos significativos en sus facturas durante el primer bimestre del año debido a la recategorización implementada por la Secretaría de Energía de la Nación. Este ajuste surge como resultado de un cruce de datos económicos, laborales y tributarios de los usuarios, lo que afectará la continuidad de los subsidios nacionales que hasta ahora ayudaban a mantener las tarifas moderadas.
José Ricardo Ascárate, interventor del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), confirmó que la medida impactará a una gran cantidad de hogares, en particular a aquellos que se encuentran dentro de la categoría N2, correspondiente a personas de bajos ingresos. Este grupo representa el 70% de los aproximadamente 500.000 usuarios de EDET, la empresa distribuidora de electricidad en la provincia. Según Ascárate, miles de beneficiarios de los subsidios quedarán ahora excluidos del beneficio. Además, subrayó que esta decisión fue tomada por el Gobierno nacional y no por la provincia, lo que deja a Tucumán con limitadas posibilidades de intervenir directamente en la situación.
El proceso de recategorización se basó en una revisión exhaustiva del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), llevada a cabo por la Agencia de Recaudación Controlada por ARCA (antes conocida como AFIP) durante el último trimestre de 2024. Entre los criterios evaluados para determinar la elegibilidad de los usuarios se encuentran el nivel de ingresos, la propiedad de bienes inmuebles y la posesión de vehículos. Aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional han quedado excluidos del esquema de subsidios.
El impacto de esta decisión comenzó a ser evidente luego de que un grupo de usuarios presentara una acción de amparo, argumentando que hubo errores en la segmentación tarifaria. Ascárate señaló que el impacto será inmediato, reflejándose en las boletas correspondientes a enero y febrero, y anticipó que esto probablemente generará un aumento en los reclamos por parte de los afectados. Aunque se están cruzando datos entre las planillas de usuarios de octubre y enero, ya se ha identificado que miles de tucumanos se verán perjudicados por estos cambios.
En 2024, en un intento de proteger a los sectores más vulnerables, el gobierno provincial firmó un acuerdo con EDET para implementar una tarifa social adicional destinada a los usuarios clasificados como N2. Este beneficio ofrecía descuentos de entre $5.000 y $7.000 en las facturas. Sin embargo, la recategorización nacional pone en peligro la continuidad de esta ayuda, dejando a muchas familias en una posición económica aún más precaria.
Un caso similar en la provincia de Salta, donde una acción de amparo permitió que miles de usuarios de bajos ingresos mantuvieran sus subsidios, es visto como un posible ejemplo a seguir en Tucumán. Ascárate aseguró que el Ersept gestionará ante las autoridades nacionales la restitución de los subsidios, aunque reconoció que las decisiones de la Secretaría de Energía escapan al control provincial. «Nos enfrentamos a un problema cuyo alcance aún es incierto», declaró.
Este panorama pone en evidencia las tensiones entre las decisiones del Gobierno nacional y las necesidades de las provincias, especialmente en una región como Tucumán, donde la mayoría de los hogares depende de subsidios para poder pagar los costos de la energía. Ante esta situación, se espera que el gobernador Osvaldo Jaldo gestione medidas que garanticen una mayor cobertura para los habitantes de la provincia. Mientras tanto, miles de familias aguardan con preocupación el impacto que estas decisiones tendrán sobre su economía.