En el contexto de la fuerte conmoción que atraviesa el país por el caso del fentanilo contaminado —un episodio que ya se cobró la vida de 96 personas—, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, Verónica Pastoriza, brindó precisiones sobre la situación en la provincia. Según informó, en el territorio tucumano no se registraron víctimas ni casos relacionados con el producto adulterado y, como medida preventiva, se dispuso la retirada total del mercado de “todas las presentaciones de ese laboratorio”, no solo del fentanilo sino también de los demás medicamentos que elaboraba la firma cuestionada.
Pastoriza detalló que, de acuerdo con los reportes oficiales, los lotes afectados ascenderían a 1,5 millones de ampollas, de las cuales aproximadamente 400.000 ya habrían sido aplicadas en pacientes de distintas provincias. “Es algo tremendo —remarcó—. Hay que evaluar cuántas ampollas se recetaron y cuántas fueron efectivamente dispensadas. Hablamos de un fármaco endovenoso, cuya biodisponibilidad es inmediata: si el producto está contaminado, el riesgo para la salud del paciente es altísimo”.
La titular del colegio profesional subrayó que la elaboración de medicamentos inyectables exige cumplir con rigurosos protocolos de esterilización, en ambientes controlados y libres de contaminación. Según explicó, antes de ser distribuidos, estos productos deberían permanecer un tiempo en cuarentena y someterse a análisis microbiológicos adicionales para verificar su inocuidad. “Por lo que se sabe, nada de esto se respetó. Es un hecho gravísimo, más aún cuando se administra a pacientes hospitalizados, que ya se encuentran en condiciones de salud delicadas”, lamentó.
En relación al laboratorio implicado, Pastoriza señaló que la empresa “ya estaba bajo observación” antes de que estallara el escándalo y que, además de fentanilo, producía medicamentos como diclofenaco y dexametasona a bajo costo. Asimismo, indicó que la distribución de sus productos se habría realizado a través de dos droguerías, una de las cuales presentaba irregularidades en su habilitación.
La farmacéutica advirtió sobre la urgencia de reforzar los sistemas de trazabilidad y el control estatal sobre sustancias de este tipo. Recordó que el fentanilo es un opioide entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y que, si bien su uso médico está altamente regulado, la magnitud de este episodio lo convierte en “un hecho gravísimo, comparable al ‘Cromañón de la salud’”, por lo que debería ser una prioridad para el Estado nacional.
El caso, que ya derivó en el secuestro de ampollas en provincias como Misiones, Formosa, Córdoba y Santa Fe, reabre el debate sobre la capacidad del sistema para controlar la industria farmacéutica y evidencia —en palabras de Pastoriza— que “la salud también implica proteger, y eso requiere controles mucho más estrictos”.