La reciente ofensiva comercial desplegada por el expresidente estadounidense Donald Trump, caracterizada por la implementación de aranceles mínimos del 10% y otras tasas adicionales impuestas incluso a países aliados como China o la Unión Europea, ha generado una fuerte repercusión en los mercados internacionales. En este escenario de tensiones comerciales, el presidente argentino Javier Milei anunció su decisión de adaptar la normativa local con el objetivo de alinearse con las demandas estadounidenses.
Esta decisión dio lugar al inicio de un diálogo diplomático que busca, como objetivo central, alcanzar un acuerdo que permita que cerca de 50 productos argentinos –y, en aras de la reciprocidad, una cantidad similar de artículos norteamericanos– accedan a un comercio bilateral libre de aranceles. Las negociaciones se intensificarán próximamente, tomando como punto de partida una serie de obstáculos que la administración de Trump identificó como impedimentos al ingreso de productos y servicios estadounidenses al mercado argentino.
En el más reciente informe sobre comercio exterior elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, se incluyó un apartado específico dedicado a la situación en Argentina. Allí se detallan las barreras aduaneras, fiscales, sanitarias, legales y de propiedad intelectual que, según el gobierno estadounidense, entorpecen el flujo comercial.
Desde la perspectiva de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), antes de la imposición de los aranceles mencionados, los principales desafíos de la relación comercial con Estados Unidos no estaban directamente ligados a los impuestos de importación, sino a obstáculos de tipo no arancelario. Entre ellos se destacaban: la limitada cuota para exportación de azúcar, el lento proceso para aprobar el ingreso de cítricos dulces y las discusiones pendientes sobre las condiciones para exportar acero y aluminio. Asimismo, la CERA señaló que el informe estadounidense contiene datos que no reflejan la actualidad o que requieren actualización, aunque también representa una oportunidad para que Argentina avance en áreas como reducción de impuestos, mejoras logísticas, promoción de exportaciones y acceso al financiamiento.
Obstáculos arancelarios
En lo relativo a aranceles, el informe norteamericano advierte que Argentina mantiene una tasa arancelaria promedio del 31,8%, consolidada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, se señala que durante 2024 el país redujo los aranceles en 113 posiciones arancelarias. En contraste, en octubre de 2023 incrementó al 35% el arancel aplicado al whisky importado, mientras que el resto de las bebidas alcohólicas mantiene una tasa del 12%.
Como miembro pleno del Mercosur, Argentina aplica el Arancel Externo Común (AEC) para productos provenientes de fuera del bloque, con tasas que van del 0% al 35%. Cabe recordar que, en julio de 2022, los países integrantes del Mercosur acordaron una reducción del 10% en más del 80% de los ítems alcanzados por el AEC, con lo cual se disminuyó la tasa promedio del bloque al 10,3%.
Cargas impositivas
En el plano tributario, la Argentina continúa aplicando distintos tipos de impuestos y regímenes especiales a los productos importados. A finales de 2019, mediante la Ley de Emergencia Pública N° 27.541, se elevó al 3% la alícuota del impuesto estadístico sobre bienes importados, norma que se prorrogó hasta 2027 mediante el Decreto 1140/24.
Asimismo, se establecen pagos anticipados de impuestos como Ganancias e IVA sobre importaciones, que varían según el tipo de producto. Los bienes de consumo, por ejemplo, están sujetos a una percepción adicional de IVA del 20%, mientras que los bienes de capital tributan un 10% extra. Además, el importador debe retener entre el 6% y el 11% en concepto de Ganancias sobre el valor declarado. El informe señala que los trámites para recuperar el IVA pagado son complicados, y que este sistema impositivo es especialmente oneroso en un contexto de alta inflación, ya que “penaliza de manera desproporcionada a las importaciones”.
Entre 2019 y 2024, muchos bienes y servicios importados también estuvieron alcanzados por el impuesto PAIS, con tasas entre el 7,5% y el 30%, lo que afectó directamente la competitividad de los productos extranjeros dentro del mercado argentino.
Restricciones no arancelarias
El gobierno estadounidense también cuestiona las restricciones impuestas por Argentina a la importación de bienes usados o reacondicionados. Entre los productos prohibidos o severamente limitados figuran: maquinaria agrícola autopropulsada, neumáticos reutilizados, autopartes, equipos médicos y tecnológicos reacondicionados.
En relación al control de las importaciones, el documento destaca la reciente eliminación del sistema de licencias no automáticas, que fue reemplazado en diciembre de 2023 por el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), el cual centraliza la información comercial. Pese a estos avances, el informe aclara que se seguirá evaluando el cumplimiento argentino con los estándares de previsibilidad y transparencia en el registro de importaciones.
En cuanto al acceso al mercado cambiario, el informe menciona que, a pesar de ciertas mejoras, aún existen trabas importantes: los importadores deben realizar pagos anticipados y no siempre tienen la opción de efectuar transferencias desde otras jurisdicciones para saldar sus compras en el exterior.
Aspectos aduaneros y facilitación comercial
En octubre de 2024, Argentina eliminó el uso de precios de referencia en la valoración aduanera para productos de ciertos países, medida que fue destacada como positiva. Sin embargo, el informe estadounidense apunta que persisten importantes demoras y costos derivados de los procesos aduaneros: desde tasas consulares y legalizaciones hasta la exigencia de documentos con sello de cámaras de comercio reconocidas y la verificación por parte de embajadas o consulados.
Requisitos sanitarios y fitosanitarios
Respecto a las condiciones sanitarias, el informe menciona que desde 2002 Argentina impuso restricciones a la importación de ganado en pie y carne proveniente de Estados Unidos, citando preocupaciones sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), o enfermedad de la «vaca loca». Si bien el veto a la carne fue levantado en 2018, el mercado argentino aún permanece cerrado al ganado en pie estadounidense, lo cual depende de nuevos acuerdos técnicos bilaterales.
Protección de propiedad intelectual
En lo que refiere a propiedad intelectual, Argentina sigue incluida en la “lista de vigilancia prioritaria” en el año 2024. El documento remarca la falta de protección adecuada para los sectores farmacéutico y agroquímico, y advierte sobre las demoras excesivas en la tramitación de patentes, especialmente para medicamentos y biosimilares.
Además, denuncia que continúa siendo habitual la falsificación y piratería de productos tanto en mercados físicos (como La Salada o Barrio Once) como en plataformas digitales. El documento también critica el escaso poder de intervención de las fuerzas del orden y el sistema judicial frente a estos delitos.
En cuanto a las denominaciones geográficas protegidas, EE.UU. expresa preocupación por el avance del acuerdo Mercosur-Unión Europea, y advierte que podría restringir el uso de nombres comunes, afectando a sus productores.
Servicios y mercado cambiario
Por último, el informe estadounidense subraya que las dificultades para acceder al mercado de divisas afectan también a los proveedores de servicios, quienes enfrentan obstáculos similares a los importadores de bienes. Sin embargo, reconoce como un avance el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual se eliminó el requisito de autorización previa para contratar servicios del exterior y se desmanteló el sistema electrónico de validación correspondiente.