Interventor de la Caja Popular, alerta sobre una “batalla institucional con el Tribunal de Cuentas y defiende su transparencia

En el marco de una conferencia de prensa reciente, José César Díaz, interventor de la Caja Popular de Ahorros, se pronunció con firmeza frente a las acusaciones formuladas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, las cuales lo señalan por supuestas irregularidades vinculadas a los aportes al SIPROSA y a la entrega de mercadería al Ministerio de Desarrollo Social. Díaz rechazó categóricamente estas imputaciones, asegurando que “las acusaciones carecen de sustento”, y que la institución ha cumplido rigurosamente con todos los procedimientos de control, destacando además que las denuncias parecen responder a conflictos internos entre distintos organismos estatales.

Según explicó Díaz, el origen de las imputaciones se remonta a la apertura de un sumario interno en la Caja Popular que involucraba a un familiar de un titular del Tribunal de Cuentas, lo que, según el interventor, habría desencadenado una verdadera “batalla” entre dependencias del Estado. Díaz resaltó que el Tribunal de Cuentas realizó “casi 70 auditorías sobre la institución en los últimos años”, mientras que la Caja mantiene un régimen constante de auditorías internas y externas, opera bajo normas ISO y publica sus balances de manera ordenada y transparente, lo que —según enfatizó— contradice cualquier insinuación de descontrol administrativo.

Uno de los temas más controvertidos es el reclamo de SIPROSA, que sostiene que la Caja debería aportar alrededor de $3.381 millones. Sobre esto, Díaz aseguró que “esa cifra surge de un cálculo erróneo realizado por funcionarios del propio SIPROSA”, motivo por el cual la Caja Popular decidió presentar una denuncia por abuso de poder. Además, Díaz se refirió al polémico proyecto de construcción de un centro TEA, que quedó cancelado luego de que el Tribunal pusiera en duda la validez del acuerdo que había iniciado el proceso.

En relación a la segunda denuncia del Tribunal de Cuentas, Díaz aclaró que apunta a una supuesta irregularidad en la entrega de mercadería al Ministerio de Desarrollo Social, mediante el Acuerdo N.º 5140, el cual generó un juicio de responsabilidad por un presunto perjuicio patrimonial superior a los 26,7 millones de pesos. Sin embargo, el interventor negó rotundamente que se haya cometido algún delito o existido daño económico, explicando que la operación se trató de una iniciativa social enmarcada en la misión institucional de la Caja. Según Díaz, “no hubo convenio formal porque no era necesario: al tratarse de dos organismos estatales, ese requisito no correspondía y tampoco fue requerido por los funcionarios del Ministerio involucrados”.

Durante toda su exposición, Díaz enfatizó que la Caja Popular no solo ha rendido cuentas, sino que ha permanecido bajo constante escrutinio técnico y financiero. Advirtió, además, que la institución no permitirá abusos de autoridad y que llevará el conflicto a los fueros correspondientes, convencido de que “no existe nada irregular y que toda la documentación respalda los procedimientos aplicados”.

Finalmente, Díaz cerró su intervención reafirmando que la institucionalidad de la Caja Popular se encuentra “plenamente resguardada”, que los mecanismos de control funcionan correctamente, y que las denuncias en su contra responden más a tensiones internas del Estado que a hechos comprobados.