Frente a la Casa de Gobierno, la tradicional manifestación de los jubilados que se realiza cada miércoles sumó un reclamo inusual, pero urgente: la defensa de la ciencia y la tecnología. En esta oportunidad, delegados y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Tucumán se unieron a la protesta para exigir la actualización del presupuesto, garantizar la continuidad de proyectos y frenar los recortes de personal que el Gobierno nacional dispuso en los últimos meses.
Sofía Jaimovich, delegada del INTI Tucumán, explicó al diario La Gaceta los motivos de la movilización:
“El 8 de julio, el Presidente firmó un decreto que centraliza la organización del INTI bajo la órbita del Ministerio de Economía, en la Secretaría de Comercio e Industria, y que además contempla un recorte del 30% en la planta de trabajadores. Esta medida hace inviable que cumplamos con nuestra misión, que es asegurar la calidad de vida de la gente mediante la seguridad de los productos industriales y el apoyo técnico a las pymes en todo el país”, denunció.
La ingeniera detalló que en la provincia el INTI cuenta con un centro de desarrollo tecnológico que brinda asistencia a unas 30 pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la situación económica agrava las dificultades:
“Trabajamos prácticamente a pulmón, con recursos muy limitados y en articulación con otras instituciones como universidades, el Conicet y el INTA. Pero la crisis es generalizada: las empresas tienen cada vez más problemas incluso para afrontar el pequeño canon que cobramos por nuestra asistencia tecnológica”, advirtió.
Jaimovich enfatizó el rol estratégico que cumple el INTI en la vida cotidiana, subrayando que su labor va mucho más allá del ámbito industrial:
“Cuando cargás combustible y ves nuestro logo en el surtidor, tenés la tranquilidad de que el Estado certifica que la medida es exacta. Lo mismo ocurre con la trazabilidad y la confiabilidad en los patrones de intercambio comercial. Sin presupuesto, esa protección que damos al consumidor desaparece”, alertó.
En la misma línea se expresó Silvia Lomáscolo, investigadora del Conicet, quien describió la crítica situación que atraviesa el sistema científico argentino:
“Hoy no tenemos financiamiento para hacer investigación. Nuestros sueldos perdieron entre un 40% y un 50% de su poder adquisitivo, y los proyectos que habían sido evaluados y aprobados quedaron sin desembolsos. Los que no cuentan con subsidios internacionales están paralizados”, afirmó.
La especialista contó que en Tucumán su equipo trabaja en investigaciones vinculadas con la agricultura familiar como herramienta clave para la soberanía alimentaria en los Valles:
“El subsidio que teníamos se redujo a la mitad, y nadie explicó por qué. Antes la ciencia argentina se sostenía con fondos nacionales; ahora dependemos de aportes externos, que no siempre son fáciles de conseguir”, expresó con preocupación.
El ajuste no se limita a la falta de recursos para proyectos, sino que también golpea en la incorporación de profesionales:
“Hay 800 científicos y científicas que ya fueron evaluados y aprobados para ingresar al Conicet, pero siguen sin ser nombrados. Son doctores que el Estado formó con recursos públicos, y que ahora se ven obligados a emigrar porque acá no tienen un lugar donde trabajar”, lamentó Lomáscolo.
Ambas referentes coincidieron en advertir que el desfinanciamiento no es un problema sectorial, sino una amenaza directa para el desarrollo del país:
“La sociedad tiene que entender que la ciencia no es un lujo, es un derecho. Sin ciencia y tecnología no hay soberanía, no hay soluciones para los problemas que nos afectan, ni desarrollo sostenible para el futuro”, concluyó la investigadora.