Una denuncia penal presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) expone un posible esquema de corrupción en ocho municipios distribuidos en las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta. Según la acusación, alrededor de $40.000 millones habrían sido desviados en el marco de las elecciones de 2023. La maniobra fue detectada a través de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por entidades bancarias y financieras a la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que permitió advertir posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos municipales.
Los distritos implicados en esta presunta malversación de fondos incluyen Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules, en Tucumán; Corral Quemado, Belén e Icaño, en Catamarca; y San Carlos, en Salta. La investigación, a cargo del fiscal Diego Velasco, sostiene que el dinero fue extraído tanto en efectivo como mediante cheques, alcanzando un monto total de $39.487 millones. En la denuncia, que fue difundida por el diario La Gaceta de Tucumán, se indica que se han identificado las cuentas bancarias municipales involucradas, así como los firmantes y autorizados a operar en ellas. También se documentó el uso de cheques como mecanismo para retirar los fondos durante el período en cuestión.
Las primeras sospechas sobre este esquema de desvío surgieron al notar que la extracción masiva de dinero en efectivo y su posterior depósito en cuentas de empleados municipales no contaban con justificación aparente. Muchos de estos trabajadores, según los registros de la UIF, habrían utilizado los fondos recibidos para la compra de dólar MEP. Un detalle relevante del informe destaca que el volumen de retiros se incrementó significativamente antes de las elecciones de 2023 y disminuyó abruptamente en 2024, lo que reforzó la hipótesis de que los recursos habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral.
A raíz del informe de la UIF, la PROCELAC formalizó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, que optó por dividir el caso según las jurisdicciones involucradas. En este contexto, se determinó que la situación más grave se registró en la ciudad de Banda del Río Salí, Tucumán. Con una población de aproximadamente 70.000 habitantes, este municipio habría sido escenario de retiros injustificados por un total de $17.256 millones entre enero de 2023 y junio de 2024. Estas operaciones se llevaron a cabo a través del mecanismo conocido como “cheque por ventanilla” y fueron identificadas por el Banco Macro, entidad en la que la municipalidad tiene sus cuentas. En cumplimiento con la normativa antilavado, la entidad bancaria informó a la UIF sobre la actividad sospechosa.
En cuanto a los responsables políticos de la administración municipal, el actual intendente de Banda del Río Salí es Gonzalo Monteros, mientras que su padre, Darío Monteros, quien ocupaba el cargo de intendente durante el período investigado, actualmente se desempeña como ministro del Interior de Tucumán. Tras conocerse la denuncia, Darío Monteros justificó las extracciones argumentando que los fondos estaban destinados al pago de salarios de empleados no bancarizados, con el fin de evitar conflictos sociales.
Además de Banda del Río Salí, la denuncia detalla movimientos sospechosos en otros municipios de Tucumán. En Famaillá se habrían desviado $11.449.650.000 en el mismo período, mientras que en Monteros la suma alcanzaría los $3.923.287.500 entre marzo y octubre de 2023. Por su parte, en San Isidro de Lules se reportaron retiros por un total de $4.217.726.577 en idéntico lapso. Cabe señalar que estos tres municipios están gobernados por dirigentes del Partido Justicialista (PJ).
En Catamarca, los municipios involucrados en la denuncia incluyen Icaño, donde se habrían extraído $1.113.312.192 entre diciembre de 2021 y junio de 2024; Corral Quemado, con retiros por $771.000.000 en el mismo período; y Ciudad de Belén, donde la suma de fondos investigados asciende a $623.996.158 entre mayo de 2022 y diciembre de 2023.
Por último, en la provincia de Salta, el municipio de San Carlos es el único señalado en la denuncia. En este caso, los registros muestran que entre julio de 2023 y marzo de 2024 se realizaron extracciones de aproximadamente $130 millones. Este distrito, al igual que los municipios tucumanos mencionados anteriormente, también está bajo la administración del PJ.
El avance de la investigación permitirá esclarecer si estos movimientos financieros constituyen un delito de malversación de fondos públicos y si se aplicarán sanciones a los responsables de la gestión de estos recursos./Fuente: Infobae
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