La Provincia ha iniciado procedimientos administrativos para investigar a empleados públicos que, según se sospecha, estaban recibiendo de manera indebida el beneficio del plan Potenciar Trabajo debido a presuntas incompatibilidades.
Esta medida surge a raíz de información proporcionada por el propio Gobierno de Tucumán al fiscal Guillermo Marijuan, quien, en el contexto de una investigación preliminar en curso, identificó irregularidades en 956 funcionarios de la Administración Pública local.
Como consecuencia de esta situación, el Gobierno Nacional optó por suspender temporalmente los pagos del plan a los involucrados hasta que se clarificara la posible incompatibilidad. La normativa del programa Potenciar Trabajo es exhaustiva y detallada, contemplando situaciones específicas de compatibilidad entre el empleo formal y la percepción del plan.
Entre los empleados señalados por la irregularidad, 230 eran miembros de la UNREL, quienes ya habían sido dados de baja. Los demás funcionarios han sido instados a brindar explicaciones sobre su situación.
Desde la semana pasada, la Provincia está llevando a cabo la sustanciación de los sumarios a través de las medidas administrativas que el caso requiera, con el objetivo de aplicar las sanciones correspondientes, incluso contemplando la eventual cesantía de los trabajadores implicados.
Ante esta situación, el gobernador Osvaldo Jaldo ha dado instrucciones para intensificar las labores administrativas con el fin de determinar la responsabilidad individual de cada empleado público notificado en la causa y llevar a cabo las acciones pertinentes hasta sus últimas consecuencias.