El Gobierno considera al Fondo de Inversión Social Urbano (FISU) como una «caja negra» de la política, mientras que otros lo ven como una herramienta financiera para mejorar la vida de los sectores más postergados. El Presidente decidió recortar casi por completo el financiamiento del FISU, que hasta ahora recibía el 9% de la recaudación total del Impuesto País, reduciéndolo al 1%.
A pesar de la significativa reducción en el financiamiento, el FISU seguirá manejando una cantidad considerable de fondos, alrededor de $30.000 millones de los $350.000 millones que recibió el año anterior. Esta decisión fue tomada por Luis Caputo, Ministro de Finanzas, tras transferir el fideicomiso de Grabois a su órbita.
El FISU ha sido objeto de controversias debido a presuntas irregularidades en la ejecución de obras. Se han señalado posibles sobreprecios y falta de control en el gasto de los fondos. A pesar de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no encontró irregularidades en los proyectos financiados por el FISU, varios expertos señalan la existencia de «escandalosos sobreprecios».
Sebastián Pareja, nuevo jefe del Fondo Fiduciario del FISU, ha admitido que las auditorías financieras pueden haber sido alteradas y que algunos proyectos podrían haber sido pagados por encima de su costo real. Pareja también ha mencionado la necesidad de auditar muchas obras para determinar si hubo irregularidades en los pagos.
Actualmente, el FISU cuenta con alrededor de $150.000 millones, con unas 435 obras pendientes de finalización que requieren aproximadamente $200.000 millones para completarse. Pareja se reunirá con Fernanda Miño para aclarar varias cuestiones relacionadas con el FISU y sus posibles irregularidades.