La vicepresidenta Victoria Villarruel reiteró este martes su propuesta histórica de reabrir «todas las causas de víctimas del terrorismo», refiriéndose a los crímenes perpetrados por grupos armados en la década de 1970. En general, estas causas no han prosperado porque la justicia ha considerado que los delitos están prescritos debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, Villarruel mantiene su desacuerdo con esta postura. En este momento, hay tres casos clave que se intentan reactivar y que podrían significar un cambio en el enfoque de estos casos.
Las causas emblemáticas que Villarruel destaca son tres. La primera es «Larrabure», que se centra en el secuestro y asesinato del militar Argentino del Valle Larrabure a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975. Este caso está actualmente en la Corte Suprema. Las otras dos causas implican a la organización Montoneros: una es «Bomba en Coordinación Federal», un atentado ocurrido en 1976 en un comedor de la Policía Federal, que ahora está en la Cámara Federal Porteña; y la otra es «Rucci», que trata sobre el asesinato en 1974 del Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, y que está a cargo de Ariel Lijo, actual candidato del Gobierno para la Corte Suprema.
El núcleo del debate en estos casos es si los hechos pueden ser clasificados como delitos de lesa humanidad. En Argentina, estos crímenes se definen como sistemáticos y cometidos por el Estado, lo que implica que no prescriben y pueden ser juzgados independientemente del tiempo que haya pasado. Esta categoría es crucial porque muchos juicios relacionados con la última dictadura siguen activos bajo esta premisa. Sin embargo, las causas que impulsa Villarruel hasta ahora no han sido reconocidas como delitos de lesa humanidad.
Las causas en cuestión son:
- «Larrabure»: Investiga la muerte del militar Argentino del Valle Larrabure en 1975, quien fue secuestrado por el ERP durante un asalto a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María en Córdoba. A pesar de las duras condiciones de cautiverio y una autopsia que indicó la asfixia como causa de muerte, el ERP afirmó que Larrabure se suicidó. La familia de Larrabure sostiene que fue asesinado. Arturo Larrabure, hijo del militar, ha luchado desde 2007 para reabrir el caso argumentando que se trata de un delito de lesa humanidad. Aunque en 2018 la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó la reapertura, la causa está ahora en la Corte Suprema.
- «Bomba en Coordinación Federal»: Este caso investiga un atentado perpetrado el 2 de julio de 1976 por un infiltrado de Montoneros en un comedor de la Policía Federal, que resultó en 25 muertes y 110 heridos. Aunque se intentó iniciar una causa en 2003, la Justicia desestimó el caso por prescripción. En 2022, la Cámara Federal Porteña ordenó a la jueza María Romilda Servini de Cubría emitir un nuevo fallo, dado que el anterior no estaba adecuadamente fundamentado.
- «Rucci»: Aborda el asesinato de José Ignacio Rucci, líder de la CGT, en 1974, un crimen atribuido a Montoneros, aunque la organización nunca reivindicó el ataque. Claudia Rucci, hija de la víctima, ha solicitado la reapertura del caso, pero el juez Ariel Lijo decidió en contra de esta petición, argumentando que el caso no cumple con los criterios para ser considerado un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no puede beneficiarse de la imprescriptibilidad. Claudia Rucci, que lidera el Observatorio de Derechos Humanos del Senado bajo la dirección de Victoria Villarruel, rechaza esta decisión y continúa su lucha.