Hace una década, el caso que involucraba a Guillermo Ernesto Gray, conocido como “Memo,” y su nieto ha sido un tema de preocupación y lucha por justicia. Nicholas, el padre del niño, acusó a Gray de abusar sexualmente de su hijo, una denuncia que fue presentada el 14 de abril de 2014. Gray, quien en aquel entonces ocupaba el cargo de director de Obras Públicas de Tafí del Valle, en Tucumán, bajo el gobierno de José Alperovich (también condenado por abuso sexual), finalmente fue declarado culpable, pero no sin enfrentar un arduo proceso judicial que dejó profundas marcas en la vida de la víctima y su familia.
El padre de la víctima, Nicholas, expresó su frustración con la demora en el proceso judicial: «No puede ser que la justicia de Tucumán haya demorado más de 10 años para aceptar que las palabras de mi hijo eran la verdad. Ya es otra persona él». El 27 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, integrada por Daniel Leiva, Antonio D. Estofán y Daniel Oscar Posse, rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de Gray, lo que significó el último obstáculo para que el acusado regresara a prisión. Esta resolución fue emitida casi un año después de que la Corte Suprema de la Nación anulara las decisiones de la justicia tucumana.
La resolución de la Corte Suprema de Tucumán fue contundente y describió los hechos de una manera que generaba un fuerte impacto. En ella, se detalla que se había «acreditado y bien probado» que Gray abusaba sexualmente de su nieto, conocido en los documentos como B. El menor relató repetidas veces que “Nemo me mete el dedo en el culito”, lo cual, según la resolución, provocó una prematura y perjudicial activación de la sexualidad del niño. Gray se valió de su posición de abuelo, su fuerza física y maltratos que él mismo denominaba «correctivos» para perpetrar los abusos.
El relato de B., recogido en la Cámara Gesell, proporcionó detalles impactantes sobre cómo Gray lo sometía, apretándole el brazo, la cara, y pegándole en la mano, además de los abusos sexuales. El niño también mencionó que Gray lo amenazaba diciéndole que lo llevaría a ver los volcanes, una amenaza que lo aterrorizaba.
Los testimonios médicos y periciales también confirmaron la gravedad de los abusos. El doctor Gustavo Adolfo Gandur, quien atendió a B., describió al niño como «muy curioso, brillante, muy inteligente,» y señaló que las lesiones observadas no eran producto de caídas accidentales, sino que tenían signos de estrangulación del brazo. Además, en un examen se detectó una dilatación rojiza en el esfínter, compatible con las descripciones de los abusos.
El historial de abusos comenzó a ser notado por el padre de B. entre abril de 2013 y abril de 2014, cuando el niño regresaba de la casa de su abuelo con marcas de golpes. A pesar de las evidencias, la madre del menor defendió activamente a su padre, apoyándolo durante todo el proceso judicial.
Las pruebas en contra de Gray fueron abundantes, desde los informes del Hospital de Niños de Tucumán hasta las evaluaciones de médicos forenses que confirmaron signos compatibles con abusos sexuales. Además, en un audio grabado en 2017, cuando B. tenía apenas 7 años, el niño rogaba que no lo vincularan más con su abuelo: «Memo es una persona muy mala. Me hacía cosas muy malas. Me retaba, me metía el dedo en la cola, me apretaba el brazo, me ponía de plantón, espantoso. Por eso me quiero quedar a vivir con mi papá».
El sistema judicial no solo no ayudó al menor, sino que lo revictimizó. Fue citado a declarar en 37 ocasiones. El abogado querellante, Dr. Juan Pablo Gallego, señaló que B. fue «revictimizado incansablemente» por el sistema judicial. En una carta escrita de su puño y letra, el niño expresó su enojo al ser citado repetidamente: «Me enojó bastante que me sigan llamando después de que ya me hayan llamado miles de veces y cada vez que voy ni siquiera me escuchan o no les importa mi opinión».
Aunque la Cámara Penal había condenado a Gray a 10 años de prisión el 4 de mayo de 2021, no fue enviado a una cárcel común de inmediato, sino que fue alojado en una comisaría durante los primeros seis meses antes de ser trasladado a la penitenciaría. La defensa de Gray presentó un recurso de casación el 27 de diciembre de 2021, que fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, anulando la condena y permitiendo que Gray recuperara su libertad temporalmente.
Este fallo fue un golpe devastador para la familia de la víctima. En marzo de 2022, B. escribió otra carta en la que expresaba su desilusión: «Desde hace muchos años que estuve esperando que se haga ese juicio y que él (Memo) vaya a la cárcel… Odio tribunales porque casi siempre recibo cosas malas de ahí».
Ante la decisión del tribunal provincial, el Dr. Gallego presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el apoyo de diversas instituciones, como el Comité Argentino de Derechos del Niño, presidido por Estela Carlotto, y el Ministerio de Justicia de la Nación. El Procurador General, Eduardo Casal, rechazó los argumentos del tribunal tucumano, destacando el deber de los jueces de proteger a la víctima y no causar más daño con el proceso judicial.
El caso incluso llamó la atención de la embajada de los Estados Unidos, ya que B. tenía ciudadanía estadounidense. En una nota dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, la embajada expresó su preocupación por las «largas demoras en la búsqueda de justicia y responsabilidad por el delito cometido» y mostró su interés en que la Corte Suprema de Tucumán facilite la aplicación de la justicia, protegiendo los derechos del menor.
Finalmente, la justicia fue forzada a reconocer la contundencia de los hechos. El Dr. Gallego señaló que se intentó favorecer a Gray mediante fallos previos que omitían tratar el fondo de la cuestión. Ahora, solo queda que la Cámara Conclusional emita la orden de detención para que Gray cumpla su condena en prisión, mientras que la defensa aún podría intentar una apelación ante la Corte Suprema de la Nación.