Después de más de una década desde que se iniciaron las actuaciones judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final a una compleja causa por explotación sexual al declarar inadmisibles los recursos presentados por las defensas de los imputados, dejando firmes las condenas dictadas contra tres personas que integraban una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia de Tucumán.
La resolución del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó las penas impuestas por instancias anteriores: Hugo José Antonio “Bicho” Díaz fue condenado a nueve años de prisión por ser considerado partícipe necesario en la captación y acogida de al menos cuatro víctimas, en un contexto agravado por la concreción efectiva de los abusos. Junto a él, también fueron sentenciadas María Antonia Peñaflor, quien recibió cinco años de cárcel, e Isabel Usandivaras, condenada a cuatro años. Cabe destacar que otro de los involucrados, Hugo Ramón “Gato” Díaz, falleció antes de la finalización del proceso judicial.
La investigación judicial se había originado en 2014, a partir de una denuncia presentada por la Fundación María de los Ángeles, y reveló el accionar de una red que venía operando desde hacía aproximadamente diez años. Esta organización controlaba dos locales nocturnos —denominados “Night Club” y “El Límite”— situados en distintos puntos de la capital tucumana, donde se comprobó la explotación de mujeres vulnerables.
Durante el desarrollo de la causa, se pudo acreditar que las víctimas eran captadas mediante engaños y aprovechamiento de su precaria situación económica y social. Luego eran forzadas a prestar servicios sexuales en los prostíbulos mencionados, llegando algunas a realizar más de veinte encuentros por noche. El relato de las víctimas permitió conocer detalles crudos de su situación, como el caso de una mujer que fue explotada durante su embarazo o el de otra que vivía en el prostíbulo junto con su pequeño hijo.
El juicio oral estuvo a cargo de la fiscalía federal representada por Pablo Camuña y su asistente Valentina García Salemi, con apoyo del fiscal de Protex Daniel Weisemberg bajo la coordinación de Marcelo Colombo. Durante las audiencias, la fiscalía logró demostrar de forma fehaciente la existencia de una estructura organizada con roles claramente diferenciados: “Bicho” Díaz estaba a cargo de la administración de “El Límite”, que funcionaba como paso previo para las víctimas antes de ser trasladadas a “Night Club”; su esposa, María Antonia Peñaflor, gestionaba el bar adyacente y tenía un rol clave en la administración económica de ambos locales; mientras que Isabel Usandivaras —apodada “Chela”— cumplía funciones operativas de control y supervisión, manejando el kiosco lindante y recibiendo el dinero de los servicios sexuales, el cual luego entregaba a “Gato” Díaz, quien se apropiaba del 50 % de las ganancias.
Además de las penas privativas de libertad, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que se reconociera el carácter discriminatorio y violento de los hechos en perjuicio de las mujeres, en concordancia con normativas internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. El tribunal hizo lugar a estos planteos y, como parte de las medidas complementarias, ordenó el decomiso del inmueble ubicado en la zona de El Bajo, en San Miguel de Tucumán, utilizado por la red para sus actividades ilícitas.
También se resolvió conceder una reparación económica a las víctimas, estipulando que las personas condenadas debían abonar, de manera solidaria, la suma de un millón de pesos para cada una.
Las sentencias iniciales fueron dictadas en diciembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Enrique Lilljedahl y Abelardo Jorge Basbús, quienes evaluaron las pruebas recolectadas durante el extenso proceso. Las defensas apelaron, pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó los fallos. Finalmente, al elevarse el recurso en queja a la Corte Suprema, esta resolvió no admitir el planteo, cerrando de manera definitiva uno de los casos más emblemáticos sobre trata de personas en el norte argentino.