La explosión que tuvo lugar en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. La pólvora del artefacto que estalló estaba dispersa de manera suelta en la caja que lo contenía. De haber sido colocada de forma más compacta, el resultado al abrir el paquete habría sido mortal. Sin embargo, parece que ese no era el objetivo de los responsables. Según la trazabilidad del envío realizada por la empresa de correos y la revisión de las cámaras de seguridad, un hombre acudió el martes pasado a un local en la calle Scalabrini Ortiz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y despachó un paquete sin remitente hacia las oficinas de la SRA en la calle Juncal 4450. Este individuo, con pleno conocimiento de lo que hacía, distribuyó manualmente la pólvora para que causara únicamente el fogonazo y el humo que se ven en el escalofriante video que comenzó a circular: una secretaria abriendo un paquete de manera rutinaria, seguida de un destello, un fuerte sonido y una nube de humo.
Escritorio donde exploró la carta bomba.
Después del incidente, ocurrido temprano por la mañana, Patricia Bullrich contactó al Presidente para informarle del hecho, una noticia que, por su naturaleza, genera preocupación en cualquier mandatario. La ministra también se comunicó con Nicolás Pino, el destinatario del paquete explosivo, a quien encontró desorientado y angustiado, preguntándose quién podría haber sido el responsable y por qué lo habían hecho.
La investigación de lo ocurrido reveló que la persona encargada de fabricar y enviar el explosivo es un profesional que conoce bien las características y el alcance de este tipo de artefactos. Sin haber habido amenazas previas o conflictos evidentes, algo detonó en la SRA, y las consecuencias van más allá de la simple explosión. Desde esa misma mañana, se inició una investigación judicial y un análisis político que abarca hipótesis que vinculan a grupos anarquistas y veganos —según especulaciones del Gobierno—, junto con una teoría más inquietante que manejan los investigadores: la posible conexión con los fondos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia.
El desarrollo de este caso merece una atención cuidadosa, ya que los investigadores también se preguntan si no es demasiada coincidencia que el ataque ocurriera en medio del debate por la asignación de cien mil millones de pesos para la agencia de inteligencia. Todo esto sucede mientras la estructura de la agencia está siendo transformada, y algunos temen que los eventos no sean simples casualidades. Aunque esta línea de pensamiento puede parecer paranoica, la política reaccionó inmediatamente asociando, de alguna manera, ambos hechos.
El ataque rápidamente generó reacciones. Tan pronto como se difundió la noticia en TN, el diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Romo, cercano a Santiago Caputo, publicó en redes sociales: “Pero para @mauriciomacri está mal tener un Servicio de Inteligencia bien financiado”. Unos minutos después, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, expresó una opinión diferente en la plataforma X: “Peligroso el atentado contra las autoridades de la @SociedadRural. La investigación no puede descartar ninguna hipótesis. Es muy sugestivo que ocurra el día que @SenadoArgentina está por rechazar los fondos reservados de la SIDE”. Estas especulaciones son difíciles de confirmar, pero no han sido descartadas.
Este ataque también recuerda un incidente similar ocurrido el año pasado en las oficinas de Benetton en Buenos Aires, en Viamonte y Esmeralda, donde un paquete explosivo fue enviado y estalló sin causar daños significativos. La naturaleza artesanal del explosivo en ese caso es similar a la del ataque a la SRA, y al igual que entonces, los responsables no fueron identificados. Este antecedente ha reforzado las sospechas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien apunta a posibles implicaciones de organizaciones anarquistas, como aquellas que combatió durante su mandato anterior en el Gobierno de Macri.
Mientras tanto, el Presidente recibió la noticia del atentado antes de dirigirse a la cumbre del Foro de Madrid, un evento de la ultraderecha que lo posiciona como un líder destacado en la escena internacional. Durante el encuentro, en su papel casi de «rockstar», lanzó uno de sus discursos favoritos: “No solo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial, siendo uno de los dos políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump, sino que además estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina”. Su mensaje estuvo lleno de épica, referencias religiosas y apelaciones al sacrificio, resaltando la naturaleza de su «batalla» como una lucha “a vida o muerte”. Además, animó a sus seguidores asegurando que “nuestra fe es tan grande como el desafío que tenemos para restaurar a la Argentina como un nuevo faro del mundo”.
En medio de estas manifestaciones simbólicas, el Presidente también se vio obligado a tratar cuestiones más domésticas. Esta misma semana, su administración quedó nuevamente salpicada por los comportamientos de sus propios integrantes. Un ejemplo reciente es el senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, quien en una entrevista televisiva en TN admitió sin remordimientos que tenía a 15 asesores pagados por el Estado trabajando para su campaña política en San Luis. Este incidente resalta los problemas internos que enfrenta el Gobierno con su propia coalición, generando tensiones dentro del equipo presidencial.
Mientras tanto, en otro frente, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ha mostrado una fijación casi obsesiva con el blanqueo de capitales, una herramienta que busca incentivar la inversión en la construcción mediante la regularización de dólares no declarados. “Quiero que la gente que gaste más de cien mil dólares en un baño no pague blanqueo”, comentó a sus funcionarios, intentando promover un blanqueo masivo antes de que finalice el mes, sin penalidades para quienes regularicen sus fondos. El objetivo no es tanto la recaudación como el ingreso de dólares al sistema y la reactivación económica.
Caputo y su equipo están también supervisando a empresas sospechosas de haber amasado fortunas mediante operaciones fraudulentas de importación con dólares a precio oficial durante el Gobierno anterior. Si bien estas prácticas constituyen un delito penal, el blanqueo les permitiría ingresar el dinero al sistema sin consecuencias legales.