La Justicia Federal de Tucumán sigue adelante con la investigación de una estafa millonaria que afecta al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en la que se encuentran involucradas farmacias ubicadas en el sur de la provincia. En este momento, el foco principal está en un grupo de médicos cuyas identidades aparecen en los documentos de la causa, y es el juez federal subrogante N° 1, Guillermo Díaz Martínez, quien deberá determinar cuál es su situación procesal.
Los fiscales Agustín Chit y Julia Vitar, de la Fiscalía Federal N° 2, están evaluando si estos médicos formaron parte de la operación fraudulenta o si, en cambio, fueron víctimas de la falsificación de sus recetas. La defraudación al PAMI está calculada en más de $ 282 millones, cifra que abarca el periodo comprendido entre la segunda mitad de junio y julio de 2023.
Durante esta semana, entre el lunes y el miércoles, se citó a seis personas para que prestaran declaración. Una de ellas negó su implicación y ofreció información relevante que deberá ser investigada más a fondo. Cuatro de los citados decidieron no declarar, y uno de ellos sufrió un desmayo, por lo que su audiencia fue suspendida. A pesar de que todos fueron formalmente imputados, el juez será quien decida qué hacer con cada uno de ellos en los próximos días.
La pesquisa comenzó el 24 de julio de 2023, tras una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, que alertó sobre irregularidades en las facturas presentadas por tres farmacias al PAMI. Según los detalles obtenidos hasta ahora, el esquema fraudulento consistía en la falsificación de troqueles y la utilización indebida de los datos de afiliados para facturar medicamentos que en realidad no fueron entregados.
El modus operandi incluía la creación de recetas electrónicas falsas con información de afiliados del PAMI, que luego eran validadas mediante claves digitales de médicos o personas con acceso a ellas. Además, se utilizaba documentación falsa para solicitar el reembolso de los medicamentos no entregados.
Entre las irregularidades más llamativas encontradas en la investigación, se destaca que algunas farmacias validaban recetas en plazos de menos de un minuto, que la caligrafía de la persona que supuestamente retiraba los medicamentos era idéntica en varias recetas, y que se encontraron errores de tipeo en los nombres de los fármacos facturados. En muchos casos, tampoco se podía verificar la relación entre los nombres de los individuos que figuraban como intermediarios y los números de DNI que aparecían en las recetas.
Ante estos hallazgos, el juez Díaz Martínez ordenó allanamientos simultáneos en las farmacias involucradas y en las viviendas de sus propietarias. Las personas responsables de la maniobra enfrentan acusaciones por defraudación a la administración pública, tanto por su rol en la explotación de los establecimientos como por su función como directoras técnicas de las farmacias.
Actualmente, la investigación se está concentrando en determinar si los médicos mencionados en la causa fueron cómplices del fraude o si, por el contrario, fueron engañados sin su conocimiento. En los próximos días, la Fiscalía continuará tomando declaraciones para esclarecer el papel de estos profesionales en el esquema de estafa.
Mientras tanto, el caso sigue desarrollándose y continúan surgiendo nuevos elementos que podrían ampliar el número de personas involucradas en esta red que ha defraudado millones de pesos a la obra social de los jubilados.