La jueza Carolina Ballesteros, miembro del Colegio de Jueces y Juezas de la Capital, defendió su postura ante la Comisión de Juicio Político y rechazó las acusaciones por mal desempeño que la han llevado a enfrentar un proceso de destitución. Con el respaldo de su abogado, Gustavo Morales, Ballesteros desmintió los cargos presentados en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte de Tucumán. Durante su intervención, la magistrada cuestionó la legitimidad del proceso, señalando que la participación de ciertos actores con causas judiciales abiertas o que, en su opinión, debieron haberse excusado, genera dudas sobre la imparcialidad del juicio. Además, sugirió que las acusaciones en su contra obedecen a intereses políticos y personales.
En su defensa, Ballesteros solicitó que se cite a declarar de manera presencial a varios funcionarios judiciales, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y al fiscal general Edmundo Jiménez. De este último, la jueza se refirió en sus escritos como “el octogenario ministro fiscal”, y en varios pasajes subrayó “su avanzada edad y su estado de deterioro público y notorio”.
La audiencia, que se reanudó en esta etapa del proceso, se prolongó durante casi 10 horas, siendo leídas más de 200 fojas de cinco expedientes. En total, alrededor de 400 fojas fueron revisadas en esta sesión. Al finalizar la lectura de las excepciones y defensas presentadas por la jueza, se anunció que el Jurado comenzará a deliberar sobre las cuestiones planteadas por la defensa, para luego proceder a fijar los hechos y el plazo probatorio. Según el artículo 34 de la Ley 8.734, que regula el proceso contra magistrados, la producción de pruebas no deberá superar los 30 días corridos a partir de la notificación escrita, y la tercera audiencia está prevista para febrero de 2025.
A pesar de sus problemas de salud, Ballesteros estuvo presente en la sala durante la audiencia, aunque se retiró a mitad de jornada debido a una descompensación que le causó un desmayo, por lo que recibió atención médica.
En su declaración, la jueza reiteró que la conformación de la comisión acusadora, liderada por Sergio Mansilla, y la del Jurado de Enjuiciamiento, presentan “vicios constitucionales absolutos” que, según ella, comprometen la independencia judicial y violan el principio de igualdad de armas en el proceso. Además, indicó que las acusaciones carecen de una base fáctica clara y precisa, lo que coloca a la defensa en una posición desventajosa, ya que no puede confrontar ni refutar adecuadamente los cargos.
La defensa también argumentó que algunos de los cargos mencionados en la resolución final de la comisión no fueron debatidos durante la etapa preliminar, lo que, a su juicio, constituye una violación al principio de congruencia procesal. Además, se quejó de una “evidente y tendenciosa” intromisión del Poder Legislativo en las facultades y decisiones del Poder Judicial. “Intentan revisar, a través de este proceso de remoción de magistrados, el contenido de numerosas sentencias judiciales que se encuentran firmes”, expresó.
Un punto central en su defensa fue una causa en la que su padre fue víctima y sus medias hermanas fueron imputadas. En este caso, se alcanzó un acuerdo, pero Ballesteros fue acusada de haber violentado la esencia del proceso al intervenir en la causa sin haber sido parte del mismo. Sin embargo, la jueza aclaró que su intervención fue en calidad de hija de la víctima y no como magistrada.
FOTO DE ANALÍA JARAMILLO