La legisladora provincial Sandra Figueroa fue procesada por la Justicia Federal en el marco de una investigación que indaga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y vínculos con el narcotráfico, en el contexto de la presunta administración irregular de fondos públicos durante su gestión en el municipio de Juan Bautista Alberdi.
La decisión judicial también alcanzó a su esposo, Luis Campos, exintendente de esa ciudad, quien había sido destituido de su cargo meses atrás.
La resolución, dictada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, establece que si bien no se les impuso prisión preventiva, ambos imputados tienen prohibido salir de la provincia y del país sin autorización judicial. Además, deberán presentarse cada quince días ante la dependencia policial más cercana a su domicilio y no podrán comunicarse ni acercarse a los otros implicados, testigos o personas relacionadas con la causa, bajo apercibimiento de que la medida sea revocada y se ordene su inmediata detención.
El origen de la causa y los implicados
El caso, que tomó notoriedad pública en marzo, se remonta a una denuncia presentada el 2 de junio de 2023 por el diputado nacional Roberto Sánchez, acompañado de otros legisladores y abogados. La presentación judicial se basó en las denuncias de vecinos de Alberdi, quienes señalaron a diversos funcionarios municipales como parte de una red de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico. Entre los apuntados, además del matrimonio Campos-Figueroa, figuran el exsecretario de Hacienda José Roldán, el exconcejal Albano Loru, Miguel “Miki” Flores, Rodrigo “Patón” Campos y un individuo apodado “Shalo”.
El procesamiento con prisión preventiva recayó sobre varios de estos coimputados, como Roque Cayetano “Chipi” Giménez, José Albano Loru, Pablo Exequiel Barrionuevo y el mencionado José Roldán.
Según consta en el expediente, la investigación judicial sostiene que existía una “empresa criminal colectiva” dentro del municipio de Juan Bautista Alberdi, en la que Campos y Figueroa habrían tenido un rol central, constituyendo el “sostén estructural del grupo”.
Las pruebas y los cargos
A Sandra Figueroa se le imputa el delito de lavado de dinero agravado por su condición de funcionaria pública, conforme al artículo 303 inciso 2, apartado b, del Código Penal. La acusación indica que habría adquirido o movido bienes de origen ilícito con la finalidad de darles apariencia de legalidad, aprovechando su posición institucional.
Entre los elementos que sostienen la imputación se destacan:
- Aumento patrimonial injustificado: no figura inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ni posee actividad económica registrada que justifique su patrimonio actual.
- Propiedades y vehículos de alto valor: se identificaron al menos siete vehículos registrados a su nombre, entre ellos una camioneta Toyota Hilux y un minibús Mercedes Benz Sprinter 413.
- Uso indebido de fondos públicos: la Justicia investiga la compra de automóviles de alta gama mediante cheques oficiales del municipio durante su gestión, entre 2017 y 2023.
- Irregularidades administrativas: bajo su intendencia, el municipio carecía de balances contables y no existían registros formales sobre contratos de alquiler de vehículos.
Vínculos con el narcotráfico y audios comprometidos
La causa también incluye a Figueroa dentro del delito de confabulación con el narcotráfico. Uno de los principales indicios es un audio filtrado entre Luis Campos y Roque Giménez, en el que este último le reprocha:
“O sea, no boludies con esas pelotudeces ni tapes las ‘iligencias’ del drogadicto de hijo que tenés y las pelotudeces que hace tu familia”,
una frase que, según los investigadores, sugiere conocimiento o encubrimiento de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas en el entorno familiar.
Además, la legisladora registra movimientos migratorios por el paso fronterizo Puerto Chalanas (Bermejo-Bolivia), un punto frecuentemente utilizado en rutas de tráfico de estupefacientes.
Las medidas impuestas y el embargo millonario
Pese a la gravedad de las acusaciones, el juez Díaz Vélez resolvió no dictar prisión preventiva, al considerar que existen medidas coercitivas alternativas suficientes para garantizar la sujeción al proceso. Entre los fundamentos, destacó:
- Fueros y arraigo: Figueroa tiene un domicilio fijo, lazos familiares y sociales sólidos, y cuenta con los fueros legislativos que le otorga la Constitución provincial. El Fiscal Federal aún no ha solicitado su desafuero.
- Intervención municipal: la intervención dispuesta sobre el municipio de Alberdi reduce las posibilidades de que los acusados puedan influir o manipular documentación oficial.
Por ello, el magistrado impuso las siguientes medidas:
- Prohibición de salir de Tucumán o del país sin previa autorización judicial.
- Presentación quincenal ante la policía local.
- Prohibición de contacto directo o indirecto con imputados, testigos o personas relacionadas con la investigación.
Asimismo, el Juzgado ordenó un embargo por 250 millones de pesos ($250.000.000) sobre los bienes de Sandra Beatriz Figueroa, destinado a cubrir eventuales responsabilidades civiles y costas procesales derivadas del expediente.
Finalmente, una vez que la resolución quede firme, se notificará formalmente a la Legislatura de Tucumán sobre el procesamiento dictado contra la legisladora.