El sistema judicial ha decidido aceptar la acción legal presentada por varias organizaciones, entre ellas ATE y la CTA, junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Esta acción colectiva busca obtener la declaración de inconstitucionalidad y «nulidad absoluta» del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación económica, recientemente promulgado por el Gobierno liderado por Javier Milei.
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, a cargo de Esteban Furnari, ha admitido la solicitud de amparo y ha instruido que sea inscrito en el Registro de Procesos Colectivos, según detalla la resolución obtenida por Télam.
La presentación de la demanda fue realizada por el Observatorio del Derecho, en conjunto con Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma; Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular; y Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional. En el documento presentado, los líderes señalan que el DNU en cuestión representa una «desviación de poder y un abuso de derecho público», al infringir principios fundamentales como el republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de los ciudadanos argentinos a participar en la dirección de los asuntos públicos.
El objetivo principal de la demanda es lograr la declaración de inconstitucionalidad y la anulación total del DNU, el cual fue anunciado por el presidente Milei en cadena nacional y publicado posteriormente en el Boletín Oficial. Los demandantes buscan, además, una medida cautelar que suspenda los efectos de la norma y la suspensión del artículo 24 de la Ley 26.122 del Régimen Legal de los DNU, el cual establece que el rechazo del decreto por ambas Cámaras del Congreso implica su derogación.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, junto al Observatorio del Derecho, Unidad Populary ATE hicieron la presentación / Foto: Florencia Downes.
En sus argumentos, los dirigentes citaron el fallo «Halabi, Ernesto c/ PEN ley 25.873 y decreto 1563/04 s/ amparo», donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) estableció la figura de la «acción colectiva» para proteger derechos homogéneos. Esto permitiría que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que enfrentan un mismo problema sin la necesidad de iniciar un juicio individual.
Además, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad, argumentando que el DNU es violatorio de la división de poderes. Destacó que al arrogarse el Presidente facultades legislativas, se estaría transgrediendo el principio republicano y la prohibición constitucional.
La ingeniera civil María Eva Koutsovitis, fundadora de «El Movimiento. La ciudad somos quienes la habitamos», celebró la admisión del amparo por parte de la justicia y expresó su apoyo en las redes sociales. La situación legal en torno al DNU de desregulación económica de Milei parece estar generando un intenso debate en diversos sectores de la sociedad argentina.