A través de un documento de 20 páginas presentado ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, Mirta Isabel Giménez —madre de Karla Robles— oficializó este martes una solicitud para que se destituya al ministro fiscal y titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Edmundo Jiménez. El escrito fue elaborado con el acompañamiento legal de la abogada Patricia Neme.
En su presentación, Giménez afirmó que desde el año 2022 su hija había efectuado “seis denuncias formales contra Diego Zerda, con un cúmulo de pruebas que documentaban el acoso sistemático y el riesgo de vida inminente”, pero que estas nunca fueron tomadas con la debida seriedad. Según remarcó, “el Fiscal encargado de la causa eligió siempre archivarlas y desestimar las solicitudes de detención, incluso cuando Zerda violó las perimetrales impuestas”. Para la madre de Karla, la responsabilidad por esta cadena de omisiones alcanza directamente a Jiménez: “Karla ha sido silenciada por la inacción del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, y la responsabilidad de este fracaso institucional recae sobre el ministro fiscal”, expresó.
Al reconstruir los antecedentes, detalló que la primera denuncia fue realizada por Karla el 3 de marzo de 2022, cuando acusó a Zerda por lesiones y por instigación al suicidio. Luego, el 7 de abril de ese mismo año, la joven denunció que el agresor había violado la medida judicial vigente, pero —según el escrito— el MPF no adoptó ninguna acción concreta. Un nuevo incumplimiento de la restricción de acercamiento fue denunciado el 25 de mayo de 2022, y nuevamente no obtuvo respuesta institucional alguna.
La madre también sostuvo que los propios registros judiciales evidenciaban que Zerda acumulaba múltiples denuncias previas, lo que reforzaba la necesidad de intervención. Aun así, indicó que “el MPF tenía conocimiento del tipo de persona y perfil que estaba tratando como imputado, haciendo caso omiso a todo ello”. En su relato, añadió que la falta de reacción del sistema generó un contexto de total impunidad: “El acosador, sintiéndose impune por la pasividad del sistema acusatorio, intensificó las amenazas y acorraló a Karla hasta que ella se sacrificó para salvarnos a mí y a su hermano”, afirmó.
El escrito también hace referencia a otros expedientes de alto impacto público, entre ellos los casos Teves, Tacacho y Lebbos, con el fin de mostrar un patrón de funcionamiento institucional. En ese marco, Giménez cuestionó duramente la continuidad de Jiménez al frente del MPF y escribió que “la permanencia del Dr. Edmundo Jesús Jiménez al frente del Ministerio Público Fiscal constituye una afrenta al orden institucional, a la justicia y a la dignidad de las víctimas que, sin éxito, acudieron y acuden en busca de amparo”. Además, acusó su gestión de estar caracterizada por “el abuso de poder, la censura, el nepotismo y la impunidad”, y de haber degradado la función esencial de proteger a la ciudadanía y garantizar la igualdad ante la ley.
En su solicitud, Giménez también dejó asentada la reserva de acudir a la Corte Suprema y plantear la cuestión federal si fuera necesario. Además, pidió que la comisión convoque a ratificar su denuncia y avance con la producción de pruebas y la citación de testigos, entre los cuales figuran representantes de Ni Una Menos Tucumán, de la Asociación Bancaria y del Colegio Público de Abogados de Tucumán.
El expediente ahora debe ser evaluado por los integrantes de la comisión de Juicio Político, presidida por el titular subrogante de la Cámara provincial, Sergio Mansilla. Completan el cuerpo legislativo Aldo Salomón (vicepresidente), Luis Ocaranza (secretario), y los vocales Sara Alejandra Assán, Tulio Enrique Caponio, Paula Luján Galván, Mario Alberto Leito, Raúl Roberto Moreno, Leopoldo Alberto Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña.