La Municipalidad despidió a una exfuncionaria alfarista debido a la pérdida de una camioneta

Recientemente, se ha anunciado que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán decidió cesantear a Ana González, quien se desempeñaba como concejal alfarista y fue exfuncionaria en la Dirección de Deportes y Recreación de la Capital entre 2016 y 2023. Esta decisión se tomó tras un sumario que reveló diversas irregularidades administrativas, destacando la desaparición de una camioneta durante su gestión.

La resolución que oficializa su cese es la 3371/SC, firmada por Camila Giuliano, secretaria general de la Municipalidad; Conrado Mosqueira, fiscal municipal; y Soledad Valenzuela, secretaria de Cultura, todos ellos miembros del equipo de la intendenta Rossana Chahla (PJ). La medida representa la sanción más severa posible según el Estatuto para el Personal Municipal, lo que implica que González dejará su cargo en la planta municipal al concluir su mandato como concejal, perteneciente al Partido por la Justicia Social, liderado por el exintendente Germán Alfaro.

La Municipalidad ha solicitado a la Contaduría General que realice un informe sobre el impacto económico de la desaparición del vehículo Chevrolet BVT-224, con el objetivo de intentar recuperarlo. En el expediente que se abrió contra González, se detalla que no pudo proporcionar una justificación válida para su incumplimiento en la presentación de los inventarios de 2019, 2020 y 2021, ni para las irregularidades encontradas en el inventario de 2022. Además, González no explicó el destino de los bienes muebles registrables, incluyendo la camioneta Chevrolet, que ella alegó haber retirado de la repartición a su pedido, pero sin presentar pruebas que validen su afirmación.

González ha defendido su situación afirmando que este proceso es una represalia por su rol como opositora en el Concejo Deliberante, en especial por su voto negativo al proyecto del Presupuesto municipal. La concejal ha anunciado su intención de llevar el caso a los tribunales, argumentando que su despido es un intento de silenciar su voz crítica sobre la administración de la intendenta Chahla. “Cuando esta concejal habla, habla por los vecinos; es decir, se pretende callar la voz de la ciudadanía. Buscaremos en la Justicia la libertad que se pretende coartar en la Municipalidad,” declaró González a La Gaceta, desestimando las acusaciones y sugiriendo que son un intento de la intendenta de silenciar sus denuncias sobre una administración opaca y poco transparente.

Por su parte, las autoridades que firmaron la resolución han rechazado las alegaciones de González, calificando sus escritos como “de farragosa lectura y sin fundamento legal,” además de demostrar un desconocimiento del procedimiento sumarial y de la normativa municipal aplicable. También desestimaron la necesidad de desaforar a González como miembro del Concejo, argumentando que la solicitud carece de fundamento jurídico e institucional.

Asimismo, las autoridades refutaron que el proceso contra González tuviera motivaciones políticas. Aseguraron que las observaciones realizadas por el órgano de control dependiente de la Contaduría General ocurrieron durante 2023, antes de la llegada de las actuales autoridades, y que las inconsistencias señaladas en el departamento Patrimonial habían sido detectadas antes de la asunción de la nueva administración./Fuente:Eltucumano