El Gobierno de Tucumán ha recibido luz verde para proceder con el desalojo de los terrenos del “Loteo Gaucho Castro” en la Reserva Natural La Angostura, luego de que la Justicia desestimara un intento más por detener la restitución de estos terrenos al Estado. El juez Mario Velázquez rechazó la solicitud de levantar la medida cautelar que impedía el desalojo y ordenó que el Ministerio Público Fiscal formulase cargos contra la organización responsable de la venta ilegal de estas tierras.
La denuncia que dio origen a este proceso fue presentada a finales de octubre de 2023, cuando empleados estatales detectaron la ocupación ilegal de esta zona protegida. La Policía actuó de inmediato, retirando los cercados, mientras que la Fiscalía de Estado, dirigida por Gilda Pedicone, solicitó a la Justicia la imposición de una medida cautelar para frenar las actividades en el lugar. Como resultado, una jueza ordenó suspender las ventas de lotes y detener las construcciones en el área.
En enero de 2024, la Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal contra los responsables de la comercialización ilegal de los terrenos. En un giro inusual, la Fiscalía y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la restitución de los terrenos sin necesidad de una audiencia previa. El juez Velázquez aceptó esta solicitud y dio un plazo para que los ocupantes desalojaran la zona. No obstante, los acusados apelaron la decisión, aunque un tribunal de impugnación confirmó el fallo original.
Alejandro Turbay, abogado defensor de varios de los compradores, pidió una audiencia para revisar la medida cautelar, argumentando que se habían presentado nuevas pruebas. Entre las evidencias, mencionó el testimonio de una mujer que aseguraba haber vivido en el lugar desde 2000, informes que indicaban la falta de señalización sobre la naturaleza de la reserva y documentos relacionados con un juicio sucesorio iniciado en 2012 por Segundo Ramón Herrera, quien reclamaba la propiedad del terreno.
Sin embargo, el fiscal Miguel Varela desestimó estos argumentos, alegando que los documentos presentados no demostraban una posesión legítima de los terrenos. Varela subrayó que el área en cuestión es parte de una zona protegida del Estado, y que las construcciones en marcha eran parte de un negocio ilícito relacionado con la venta de tierras sin un propietario legítimo.
Los representantes de la Fiscalía de Estado, José María Molina y Héctor Geria Lapore, se opusieron a la solicitud de los demandados, señalando que los argumentos ya habían sido evaluados y rechazados por el tribunal de impugnación. Insistieron en que no existían elementos nuevos que justificaran la revocación de la medida cautelar.
El juez Velázquez confirmó su decisión de recuperar las tierras, rechazando los argumentos de los ocupantes. En su resolución, destacó que la falta de guardabosques, alambrados o señalización en el terreno no afectaba la posesión del Estado. Recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, los bienes de dominio público no pueden ser apropiados de forma privada.
Además, Velázquez señaló que la Reserva Natural La Angostura está protegida por normativas ambientales y que cualquier alteración del terreno requiere la autorización de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre y Suelo del Gobierno de Tucumán.
Durante la audiencia, algunos de los compradores denunciaron abusos por parte de la Policía, incluyendo una presunta agresión a un hombre y su hijo con autismo. No obstante, fuentes del Ministerio de Seguridad negaron tales acusaciones. En respuesta, el juez Velázquez instruyó a la Fiscalía y a la Fiscalía de Estado para que capacitaran al personal policial en sus responsabilidades durante el desalojo, con el fin de evitar abusos y agresiones. También pidió que se investigara la denuncia del supuesto ataque policial.
Con la resolución firme e inapelable, los ocupantes deberán desalojar las parcelas que adquirieron entre 2020 y 2023. Aquellos que no acaten la orden serán desalojados por la fuerza, con la autorización del Colegio de Jueces de Monteros. Según las estimaciones oficiales, alrededor de 30 lotes fueron vendidos ilegalmente, muchos de ellos cercados o en proceso de construcción. Desde el martes, los compradores han comenzado a retirar sus materiales y pertenencias, y se les ha otorgado plazo hasta el lunes para completar el desalojo, excepto aquellos que aún pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
Este fallo establece un precedente importante en la protección de las áreas naturales de Tucumán y refuerza la política del Gobierno provincial de combatir la ocupación ilegal y la venta fraudulenta de tierras públicas.