Las instituciones educativas privadas no tendrán la obligación de reportar a la Nación los incrementos en las cuotas

El Gobierno nacional derogó la Resolución 678/99, vigente por 25 años, que obligaba a las escuelas y universidades privadas de Argentina a informar anualmente el monto de las cuotas y matrículas a la Secretaría de Comercio de la Nación. La medida, anunciada en el Boletín Oficial, se percibe como un primer paso hacia la desregulación de los aranceles en instituciones educativas privadas.

Las 14,000 escuelas privadas del país, subvencionadas o no, seguirán informando sus aranceles a las jurisdicciones, según la Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA). La derogación, solicitada por la AIEPBA en una reunión con el subsecretario de Defensa del Consumidor, se interpreta como la eliminación de un trámite burocrático innecesario.

AIEPBA considera que, en contextos inflacionarios, era difícil prever el monto anual de las matrículas, haciendo que la norma fuera engorrosa. Aunque las escuelas continuarán notificando a las jurisdicciones y a las familias, ya no deberán cumplir con el proceso anual exigido por la Secretaría de Comercio de la Nación.

La Resolución derogada establecía la obligación de informar a la Nación, antes del 31 de octubre de cada año, el monto de la matrícula y cuota mensual, discriminando conceptos. Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de Buenos Aires, critica la medida al considerar que permite a las escuelas privadas fijar aranceles sin límites, eliminando controles y restricciones.

Desde AIEPBA aclaran que solo se derogó la obligación de informar a la Secretaría de Comercio de la Nación, no a las familias ni a las provincias. También impulsan la modificación del decreto 2417/93, que regula el funcionamiento de colegios privados y continúa vigente, abarcando la comunicación de aranceles a familias y jurisdicciones. Este decreto limita los aumentos y establece condiciones para la comunicación de aranceles a las familias.