Los ómnibus de larga distancia dejarán de ofrecer cobertura para riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros

El Gobierno está avanzando en la desregulación del sector transporte al eliminar la obligación para los autobuses de larga distancia de cubrir los riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros en el seguro obligatorio. Esta medida fue formalizada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 775/2024, publicada el jueves en el Boletín Oficial. La resolución se inscribe dentro del marco del principio de desregulación establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, promulgado en diciembre de 2023 con la llegada de la administración de Javier Milei.

El nuevo marco normativo ha derogado la Resolución 684, que había sido promulgada durante el gobierno de Alberto Fernández y que ampliaba el seguro de responsabilidad civil para incluir cobertura en caso de muerte o incapacidad de los pasajeros por accidentes en los servicios de transporte automotor interurbanos de larga distancia.

Con la eliminación de esta normativa, también queda sin efecto la obligación de las empresas de transporte de informar el costo del seguro en los boletos, un requerimiento que había sido establecido para mostrar claramente el alcance de la cobertura proporcionada a los pasajeros.

Ahora, las empresas solo necesitarán ofrecer los seguros básicos que tengan contratados, lo que probablemente se traducirá en una reducción en el precio de las tarifas debido a la eliminación del costo adicional de la cobertura ampliada.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, explicó que la decisión se tomó tras consultar con la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros sobre la compatibilidad del Decreto 70/2023 con las normativas vigentes desde octubre de 2022. La Dirección Nacional concluyó que era necesario ajustar la reglamentación para alinear con el principio de desregulación mencionado en el decreto. Esto busca fomentar un entorno de libre competencia y apertura en el sector, eliminando las restricciones y exigencias que podrían distorsionar los precios de mercado y limitar la iniciativa privada.

En su explicación, el texto oficial subrayó que el DNU establece el principio de desregulación, promoviendo un sistema económico basado en decisiones libres en un entorno de competencia, respetando la propiedad privada y los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Así, se busca reducir las restricciones en comercio, servicios e industria en todo el país, eliminando barreras que impidan la interacción natural entre oferta y demanda.