Desde la suspensión definitiva de la tarjeta Ciudadana como método válido para el pago del transporte público urbano en Tucumán, se ha instalado una gran inquietud entre los usuarios que aún tenían crédito disponible en esos plásticos. La implementación de las tarjetas SUBE y Metropolitana, que comenzaron a regir desde el 1 de mayo como únicas opciones habilitadas para viajar, no vino acompañada de explicaciones claras sobre el destino del dinero que había quedado en las tarjetas reemplazadas, lo que generó múltiples reclamos entre la población.
Frente a esta incertidumbre, las demandas no tardaron en alcanzar los ámbitos institucionales. En los Concejos Deliberantes tanto de San Miguel de Tucumán como de Tafí Viejo, se presentaron pedidos de informes oficiales con el objetivo de esclarecer cuál fue el destino de esos fondos que, en origen, pertenecían directamente a los pasajeros.
En medio de este escenario cargado de cuestionamientos, Jorge Berretta, quien se desempeña como referente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), brindó declaraciones en una entrevista realizada en el programa matutino «Buen Día», transmitido por LG Play. Allí, dejó en claro que ni la asociación que representa ni la empresa Metropolitana Sociedad Anónima –responsable de la nueva tarjeta “Independencia”– tienen alguna implicancia en la gestión o administración de los saldos que quedaron en las antiguas tarjetas.
“El manejo de esos recursos no pasó nunca por nuestras manos”, explicó con firmeza Berretta. Según detalló, la suma de dinero que aún estaba cargada en las tarjetas Ciudadana quedó depositada en el Fondo de Transporte Municipal, un organismo que depende directamente del Ejecutivo local. En sus palabras: “La institución no tiene ninguna relación con las tarjetas. Los saldos que quedaron en las tarjetas Ciudadana están en el Fondo de Transporte Municipal, o sea, que ni la institución ni la tarjeta Independencia, de Metropolitana Sociedad Anónima, tienen responsabilidad alguna, ni tienen esos fondos”.
De este modo, el empresario desligó completamente al sector privado del conflicto y responsabilizó a la Municipalidad capitalina por el tratamiento del tema. “Esto es algo que debe resolver el Ejecutivo municipal”, remarcó. Y agregó que es posible que desde el municipio se adopte alguna medida para dar respuesta a los reclamos de los usuarios, aunque insistió en que tal eventual solución no involucrará ni a Aetat ni a Metropolitana S.A., ya que, según indicó, esas entidades jamás tuvieron acceso a los montos cuestionados.
En su intento por clarificar aún más el punto, Berretta señaló que toda la estructura técnica e informática vinculada con la tarjeta Ciudadana, así como las bases de datos que registraban los movimientos de saldo y uso, eran propiedad y competencia exclusiva del municipio. En ese sentido, puntualizó: “Quien tiene el sistema informático, los datos en la base de datos, es el municipio. El sector empresario, Aetat y tarjeta Independencia no sabe ni cuántos son, ni tuvo acceso ni nunca estuvieron nuestras arcas”.
El dirigente fue categórico al cerrar su exposición, insistiendo en que el empresariado del transporte no tiene nada que ver con el manejo anterior ni con los datos de la gestión tecnológica del sistema de pago anterior. “Nosotros no tenemos que entablar ningún diálogo porque nunca manejamos ni los fondos, ni la tarjeta, ni el software, ni el sistema tecnológico, que se utilizaba en el municipio desde hace más de 10 años”, concluyó con tono enfático.