El Ministerio Fiscal de Tucumán ha formulado imputaciones contra cinco personas, acusándolas de llevar a cabo un elaborado esquema de estafas que afectó a dos comercios de gran relevancia en las localidades de Aguilares y Concepción. La investigación reveló que los acusados operaban a través de empresas ficticias para realizar compras fraudulentas, utilizando cheques sin fondos, lo que resultó en un perjuicio económico que supera los 30 millones de pesos.
La causa, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial de Concepción, está siendo dirigida por la fiscal Mónica García de Targa. En el marco de este proceso judicial, se llevó a cabo una audiencia en la que se formalizaron los cargos contra los implicados, identificados como dos individuos de 47 años, uno de 43, otro de 40 y el último de 30. Según las autoridades, estos sujetos integraban una organización delictiva dedicada a la adquisición fraudulenta de maquinaria e insumos agrícolas mediante documentos bancarios sin respaldo financiero y con el uso de sociedades inexistentes.
Estrategia y forma de operar de la banda delictiva
La fiscalía, representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez, detalló los mecanismos utilizados por los acusados para concretar las maniobras ilegales. Según la investigación, tres de los imputados constituían el núcleo central de la estructura delictiva, la cual estaba diseñada para realizar estafas en serie contra comercios tucumanos. Esta organización operaba tanto en conjunto, con un reparto de tareas bien definido, como individualmente, dependiendo de las circunstancias de cada ilícito.
Para lograr sus objetivos, los involucrados se presentaban como representantes de una empresa ficticia, la cual había sido creada con el único propósito de perpetrar fraudes comerciales. Con esta identidad falsa, realizaban compras y emitían cheques posdatados a través de cuentas bancarias que no disponían de fondos suficientes para su cobro.
El desarrollo de la investigación también permitió determinar que esta red contaba con una infraestructura delictiva más compleja de lo que inicialmente se sospechaba. Los imputados disponían de cuentas corrientes a través de las cuales generaban cheques electrónicos, también presentaban comprobantes falsos de transferencias bancarias para respaldar sus operaciones. Además, utilizaban vehículos para transportar la mercadería obtenida de manera fraudulenta y contaban con almacenes destinados a ocultar los productos adquiridos de manera ilegal.
Como resultado de las pruebas presentadas, a estos tres principales sospechosos se les imputó el rol de presuntos coautores de los delitos de asociación ilícita y estafa.
Participación de otros implicados en la estafa
Los otros dos acusados, aunque con una participación distinta dentro de la operación, también fueron señalados por la fiscalía. Uno de ellos trabajaba en una de las empresas víctimas del fraude, lo que le permitió facilitar la concreción de la maniobra delictiva desde adentro. El otro imputado desempeñaba un rol clave como supuesto empleado de la firma falsa, permitiendo que las operaciones fraudulentas se llevaran a cabo sin levantar sospechas. A ambos se les atribuyó el delito de estafa en calidad de coautores.
Medidas judiciales y detención de los sospechosos
Dado el alcance de la investigación y la gravedad de los hechos, el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción para los implicados. En particular, el auxiliar Ibáñez requirió que los tres principales acusados sean sometidos a prisión preventiva. El juez a cargo del caso accedió a este pedido, dictando una detención por un plazo de dos meses.
En cuanto a los otros dos involucrados, el magistrado impuso medidas de restricción menos severas pero igualmente vigentes por el mismo período de tiempo.
Implicancias del caso y próximos pasos
Este caso ha generado gran preocupación en el sector comercial de Tucumán, ya que pone en evidencia la existencia de redes criminales especializadas en fraudes empresariales a gran escala. Las autoridades continúan con las pericias y recolección de pruebas para esclarecer el total de operaciones realizadas por la banda y determinar si existen más víctimas afectadas.
Mientras tanto, la fiscalía busca fortalecer la acusación y garantizar que los imputados enfrenten las consecuencias legales de sus acciones, a fin de prevenir nuevos hechos de esta naturaleza en la región.