Mujer denuncia a su exmarido por violencia, afirma vivir atrapada en un country y critica a la justicia

El calvario que enfrenta Mariana Lischinsky, según relata en un video subido a YouTube, ha marcado profundamente su vida y la de sus tres hijos menores, de 11, 10 y 5 años. En sus propias palabras, describe el abuso físico, verbal, psicológico y económico que sufrió durante su matrimonio de 10 años con Álvaro Maximiliano Farías. «Si a mí me llega a pasar algo o alguno de mis hijos desaparece, hago responsable a Álvaro Maximiliano Farías», comienza diciendo Mariana, quien también señala a la justicia como cómplice por no actuar ante las reiteradas denuncias.

Durante esos años de matrimonio, Mariana asegura que vivió bajo el control absoluto de su exesposo. No tenía libertad para salir ni demorarse en ningún lugar. «Si llegaba tarde, era un lío. Me escupía la cara, me maltrataba frente a los chicos, les gritaba y hasta me arrancaba pelos en casa», narra. A pesar de intentar separarse en varias ocasiones, siempre fue amenazada. «Me decía que iba a contratar a un sicario para matarme o que no podría sobrevivir económicamente si nos divorciábamos», cuenta.

Finalmente, decidió tomar acción a través de la justicia, lo que dio inicio a una lucha constante que, hasta ahora, no ha logrado resultados satisfactorios. Mariana solicitó una orden de restricción para que Farías no se acercara a su vivienda en el country Las Yungas. Aunque logró que se lo excluyera del lugar, él continuó acosándola, construyendo incluso una casa a un kilómetro de distancia. Según Mariana, Farías contrató al jefe de seguridad del country para vigilar sus movimientos, lo que la hacía sentirse «observada todo el tiempo».

La situación económica no fue mejor. Mariana relata que, tras la separación, firmó un convenio bajo presión, redactado por Farías y su abogado. El acuerdo estipulaba la transferencia de propiedades y dinero en beneficio de sus hijos, pero nunca se cumplió. «Me prometió 20.000 dólares, nueve departamentos y una casa para mis hijos, pero nada de eso se hizo realidad», explica. Incluso, cuando logró cobrar algunos cheques, Farías reaccionó con ira, quitándole los departamentos que estaban a su nombre.

En su lucha por asegurar el bienestar de sus hijos, Mariana intentó embargar un departamento de Farías en Punta del Este para garantizar la cuota alimentaria, pero la justicia rechazó su solicitud. «El doctor Hugo Rojas dijo que no hay riesgo de incumplimiento, cuando nunca cumplió», denuncia. A pesar de apelar, los fondos siguen retenidos, sin resolución definitiva.

Mientras tanto, Farías vive sin restricciones. «Tiene tres autos de alta gama, vive en el Hotel Hilton y frecuenta restaurantes y destinos costosos», asegura Mariana, señalando que todo esto está documentado en la justicia. Por otro lado, Mariana continúa sin recibir la cuota alimentaria ni el salario que les corresponde a sus hijos.

La violencia no se limita a lo económico. Mariana describe un episodio traumático en el que Farías arrastró a uno de sus hijos por el piso durante un encuentro. En otra ocasión, su hijo gritó aterrorizado al ver a Farías portando un arma. «Él tiene una pistola de verdad», relata Mariana, quien grabó ese momento como evidencia y lo presentó en su denuncia pública.

La única medida efectiva tomada por la justicia fue excluir a Farías del country por tres meses debido a amenazas con un arma. Sin embargo, Mariana teme que se revoque esta decisión, lo que podría poner en peligro a su familia. «Mi hijo mayor recibe mensajes constantes que lo torturan», comenta.

Actualmente, el caso de Mariana está en manos de la jueza Melissa Hanssen Giffoniello, quien aún no la ha citado para escuchar su versión. «¿Por qué no me cita para conocerme y entender mi historia? Ni siquiera revisa los expedientes», cuestiona. Además, critica al Ministerio Público Fiscal por su inacción.

El vínculo entre Farías y sus hijos es prácticamente inexistente. Según Mariana, él no muestra interés en ellos y los menores prefieren evitar cualquier contacto. «Mis hijos no quieren verlo. En lugar de restablecer un vínculo, lo rechazan completamente», señala.

En su mensaje final, Mariana hace un desesperado llamado a las autoridades: «Yo necesito ayuda, que alguien reaccione, ya sea el Ministerio Público Fiscal o la Cámara». Su historia refleja una lucha constante por justicia y protección en medio de un sistema que, según ella, ha fallado en protegerla a ella y a sus hijos.