Narcotráfico en Alberdi: un oscuro relato marcado por violencia extrema

A poco más de 100 kilómetros de la capital de Tucumán, Juan Bautista Alberdi solía ser considerada una localidad serena del sur provincial. Sin embargo, en el transcurso de los últimos ocho años, esa imagen de tranquilidad se desmoronó por completo, al convertirse en un escenario constante de hechos policiales, muchos de ellos estrechamente relacionados con el narcotráfico. Lo que inicialmente parecían episodios aislados terminó revelando un entramado cada vez más denso, compuesto por redes criminales, asesinatos brutales, punteros políticos y hasta funcionarios públicos presuntamente involucrados.

El asesinato de Ornella Dottori expuso el crecimiento del narcotráfico en Alberdi y marcó el inicio de una cadena de violencia que hoy involucra a figuras del ámbito político.

El punto de inflexión que marcó un antes y un después ocurrió en abril de 2017. Ornella Dottori, una joven de 17 años con problemas de adicción y cursando un embarazo, fue encontrada sin vida en un campo de soja en el paraje Naranjo Esquina. La investigación determinó que había sido violada y asesinada a golpes por Gustavo “Perrito” Carretero, otro consumidor de drogas. Este crimen, por el que Carretero recibió cadena perpetua en 2018, dejó al descubierto el avance de las drogas en los sectores más frágiles de la comunidad.

Tan solo un año más tarde, en mayo de 2018, la Justicia Federal de Catamarca ordenó la detención de los hermanos Juan y Amado Paradi. Ambos eran señalados como líderes de una organización criminal dedicada a la distribución de marihuana y cocaína desde Alberdi hacia otras provincias del país. La investigación se inició tras descubrir 270 kilos de marihuana enterrados en Monteagudo, cargamento que habría sido lanzado desde avionetas ilegales. La organización fue completamente desarticulada y los implicados condenados.

La situación se agravó aún más en octubre de 2021, cuando una investigación encabezada por el comisario Jorge Nacusse desmanteló una red de narcomenudeo con operaciones activas en Alberdi, Concepción, Aguilares y Termas de Río Hondo. El principal acusado, Roque “El Colorado” Carrazam, operaba con tal nivel de impunidad que uno de sus puntos de venta estaba ubicado justo enfrente del domicilio del intendente Luis “Pato” Campos.

Carlos “Kozko” Rodríguez.

Pero el hecho más escandaloso llegó en mayo de 2024, con la detención de dos personas de alto perfil en Tucumán: Elvio Díaz, puntero político y dirigente del club de rugby La Querencia, y Carlos “Kokoz” Rodríguez, empleado de la municipalidad de Alberdi. Ambos fueron acusados de estar implicados en el asesinato de dos ciudadanos bolivianos, Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, ocurrido en Orán, Salta, en un contexto de ajuste de cuentas narco.

Las derivaciones fueron inmediatas y comprometieron aún más al poder local. Rodríguez no solo trabajaba para el municipio, sino también en la imprenta privada del secretario de Hacienda, José Roldán. Aunque este último negó cualquier conexión con el narcotráfico, el legislador José Cano ya había presentado una denuncia penal en su contra por presuntos vínculos con redes de venta de estupefacientes.

Durante las pesquisas del doble homicidio, se supo que tanto Díaz como Rodríguez habrían visitado la cárcel de Concepción días antes del crimen en Salta. El motivo: reunirse con “El Colorado” Carrazam, quien recientemente había sido sentenciado a más de 10 años de prisión por tráfico de drogas. Carrazam ya estaba bajo sospecha por otro doble asesinato ocurrido en mayo de 2021 en La Invernada, donde fueron ultimados Víctor Hugo Brito y su hijo Gonzalo. Este caso, aún sin resolución judicial, también presenta indicios de conexión con el narcomenudeo.

El escándalo siguió creciendo cuando, tras la imputación de Díaz y Rodríguez, comenzó a circular una fotografía que causó indignación: un funcionario y un empleado municipal posaban sonrientes junto a William Roger Doldán, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Brito en 2011, en La Cocha. Aquel caso también salpicó al hijo del intendente Campos, quien llegó a ser investigado, aunque no fue imputado.

Esta imagen fue interpretada por muchos vecinos como la prueba más contundente de que existe un manto de protección política alrededor del narcotráfico en Alberdi. A pesar de que los funcionarios siempre negaron tal relación, las pruebas acumuladas y los personajes involucrados alimentan la sospecha generalizada de que el poder local, como mínimo, ha sido cómplice por omisión.

En la actualidad, mientras la Justicia avanza con lentitud y los expedientes siguen engrosando las carpetas de la policía, los ciudadanos de Alberdi insisten en que los narcos no solo actúan con libertad, sino también con cierto grado de respaldo o tolerancia institucional. La exigencia social es cada vez más fuerte: romper el silencio, llegar hasta las últimas consecuencias y desarmar una red de criminalidad que, desde las sombras, ha tomado control de una ciudad que alguna vez fue pacífica, pero que hoy enfrenta el estigma de haber sido convertida en un bastión del narcotráfico en el sur tucumano.