Este lunes, a solicitud de las defensas de los acusados investigados por el delito de intimidación pública, el juez de garantía decidió no aceptar la solicitud de cambiar o anular la medida de coerción impuesta la semana pasada, que consistía en detener a una mujer de 60 años y a un hombre de 46 años durante 29 días.
En cambio, el juez determinó que la mujer, que es la representante legal de un instituto primario y que padece una afección médica que requiere atención, cumpla su detención en un hospital público. En cuanto al hombre, quien supuestamente tiene hipertensión y problemas de columna, se ordenó que fuera evaluado por un profesional de la salud antes de ser trasladado a la instalación donde actualmente está detenido, la División de Delitos Telemáticos.
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, Mariana Rivadeneira, afirmó que los riesgos procesales no han cambiado desde el inicio de la investigación hace cuatro días y, por lo tanto, solicitó que no se accediera a la petición de las defensas. Además, recordó las medidas tomadas el jueves pasado, que incluyeron allanamientos y el secuestro de computadoras que aún están pendientes de análisis, así como la determinación de la geolocalización (a la espera del informe). Por último, el abogado defensor de la acusada expresó sus quejas y anunció que impugnaría la sentencia.