Un estudiante de medicina acusado de trabajar ilegalmente como médico terapista en una clínica de Concepción, usando la matrícula de otro profesional, ha aceptado una suspensión de juicio a prueba.
En una audiencia, sus defensores ofrecieron un resarcimiento económico de $350,000, la realización de tareas comunitarias en un merendero y el cumplimiento de reglas de conducta. El caso fue investigado por la Unidad de Decisión Temprana de Concepción, liderada por el fiscal Miguel Varela, después de que un médico denunciara que otra persona estaba practicando la medicina en un sanatorio del PAMI utilizando su nombre y matrícula.
El acusado, de 40 años, fue imputado por usurpación de títulos y honores, y ejercicio ilegal de la medicina.
La auxiliar de fiscal, María Emilia López Delgado, respaldó la oferta de la defensa destacando la falta de antecedentes penales del acusado, y el juez aceptó la suspensión de juicio a prueba con condiciones, incluyendo el pago del resarcimiento a una institución de bien público determinada por el Ministerio Público Fiscal, tareas comunitarias y reglas de conducta por dos años, y la obligación de completar la carrera de medicina en tres años.