“Nosotros compramos de buena fe”

El barrio privado «Las Pirámides», construido por Próspero Marcelo Sosa en el kilómetro 28 de la ruta 338, al sur de San Javier, en un terreno perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), está en el centro de una intensa disputa. Sosa afirma tener derecho de posesión por haber vivido en el lugar siempre, mientras que la Universidad, que posee escrituras de los terrenos que abarcan las 14,130 hectáreas del Parque Sierra de San Javier, inició hace cinco años una querella por reivindicación para que entregue el extenso terreno.

En medio de esta disputa de larga data, han ocurrido varios episodios, como una querella inicial en 1998 contra Sosa por usurpación, de la que fue sobreseído en 2008 por falta de acción y paso del tiempo. Posteriormente, Sosa comenzó el loteo a partir de 2010. La UNT se enteró del loteo en 2018 debido a un incidente con excursionistas que fueron expulsados por personas armadas al advertirles que era propiedad privada.

En respuesta, la UNT inició la querella por reivindicación. Como Sosa no obedeció la orden de la Justicia de detener la construcción y preservar el bosque, fue procesado por desobediencia y, hace un mes, se realizó un operativo con Gendarmería para registrar las viviendas.

Dentro de ese predio hay 56 casas y, según estimaciones, 53 familias, algunas viviendo permanentemente y otras solo los fines de semana. Las condiciones de vida son algo precarias. Reciben agua de la comuna de San Javier y tienen un medidor de luz comunitario. Algunos cuentan con tanques de captación de agua de lluvia. Varios residentes hablaron para dar a conocer su situación.

«En 2011 vi un anuncio de venta de un lote. Me enamoré del lugar, la naturaleza. La gente era amable. El señor Sosa era un lugareño de toda la vida; me mostró un documento, una sentencia que afirmaba que tenía la posesión, avalada por el juez Bejas. Invertí todos mis ahorros. Construí mi casa, 400 m2. Planté árboles. No sabía nada sobre un juicio», describió Isabel Ortiz.

«Yo llegué en 2018, cuando vi el anuncio en internet. La naturaleza, la tranquilidad, la flora… soy amante de todo eso. Con los ahorros de muchos años, construimos nuestro sueño. Ahora nos sentimos atrapados en esta situación. Construimos todo desde cero; somos gente trabajadora, no usurpadores ni depredadores. Apoyamos la naturaleza. Plantamos árboles nativos y eliminamos los siempreverdes», agregó Gabriela Padovani. «Mi esposo y yo compramos en 2018. Es todo lo que tenemos. Vendimos un departamento en Buenos Aires», dijo María Ester Martínez de Úbeda.

«Cuando llegamos hace más de 12 años, no había nadie. Era un terreno fangoso. Estamos mejorando la zona», explicó la odontóloga Ana Garvich. «Hicimos paseos con los chicos a las casas de la Universidad y nos enamoramos del lugar. Nos mostraron los planos. Sosa había ganado un juicio de prescripción veinteañal. Con los ahorros de toda una vida, compramos de buena fe. No somos criminales ni depredadores», agregó su hijo, Germán Fernández Garvich. Ana añadió que los contratos de compraventa se realizaron y firmaron en una escribanía.

Para ellos, el argumento de Sosa sobre su derecho de prescripción veinteañal es válido, según uno de sus abogados, José Alberto Cúneo Vergés, porque el área no es un parque nacional creado por ley del Congreso. La UNT, por otro lado, sostiene, según su abogado, Máximo Castro, que «los bienes de la Universidad son de dominio público y están destinados a una función pública, que es la educación universitaria, libre y gratuita». Cuando estalló el escándalo, la UNT logró que Catastro anulara un plano que Sosa había presentado por prescripción adquisitiva.

Según José Alberto Cúneo Vergés, abogado de Sosa, el argumento de su cliente sobre la prescripción veinteañal es válido porque el terreno no es un parque nacional creado por ley del Congreso. Por otro lado, Máximo Castro, abogado de la UNT, argumenta que los terrenos universitarios son de dominio público, destinados a la educación universitaria gratuita. La UNT logró que Catastro anulara un plano iniciado por Sosa por prescripción adquisitiva.

La resolución de esta disputa queda en manos de la Justicia, y se prevé que llegue hasta la Corte Suprema de la Nación./Fuente:La Gaceta