Ordenan desalojo de una familia asentada ilegalmente en un área protegida del Dique La Angostura como parte de un operativo para recuperar tierras fiscales
La familia que había ocupado de manera irregular un sector altamente valorado del paisaje natural en la zona del Dique La Angostura recibió esta semana una notificación oficial que le ordena abandonar el lugar en un plazo de diez días. Esta medida fue dictada por autoridades provinciales como parte de un plan más amplio impulsado desde octubre del año pasado por la Fiscalía de Estado, el cual tiene como eje la recuperación y protección de terrenos públicos que fueron tomados sin autorización legal.
El área en cuestión se encuentra próxima al aliviadero del embalse y ofrece una de las mejores vistas panorámicas del valle tafinisto, lo que ha incrementado su interés turístico y ambiental. Según las investigaciones oficiales, el terreno había sido cercado y ocupado por integrantes de la familia Monroy, quienes alegaban tener derechos históricos sobre el predio por ser descendientes de obreros británicos que participaron en la edificación del dique. A fin de legitimar su presencia, los ocupantes incluso instalaron un cartel que indicaba la existencia de un supuesto vivero en funcionamiento.
Lo que comenzó como una intervención relacionada con la producción agrícola fue transformándose con el tiempo: los Monroy iniciaron construcciones de viviendas que, afirmaban, serían utilizadas por integrantes del grupo familiar. No obstante, el terreno ocupado forma parte de una reserva natural bajo jurisdicción provincial y se encuentra comprendido dentro de los márgenes de una zona fiscal, donde está vigente una medida judicial que prohíbe alteraciones o innovaciones de cualquier tipo.
Desde el Gobierno advirtieron que el espacio posee limitaciones ambientales estrictas debido a su cercanía con los sistemas de desagüe del embalse, lo cual representa un riesgo en términos de seguridad y conservación. “La continuidad de las obras era inviable desde el punto de vista legal y ambiental”, indicaron voceros oficiales. De hecho, hace menos de un mes se había emitido una advertencia formal instando a la familia a detener cualquier tipo de actividad constructiva.
La historia legal del terreno tiene varios antecedentes. Durante los años en que se construía el embalse, una porción del predio fue cedida por el Estado provincial al Automóvil Club Argentino (ACA), con el objetivo de desarrollar un complejo turístico. Sin embargo, hacia fines de la década de 1980, el proyecto fue abandonado por la entidad, que procedió a la devolución del terreno. Esa restitución, sin embargo, no fue registrada adecuadamente en los archivos oficiales, lo que más tarde facilitó la ocupación informal del área.
Frente a la expansión de ocupaciones ilegales en distintos puntos del valle, la Fiscalía de Estado resolvió reactivar los expedientes vinculados al predio. Como parte del procedimiento, se iniciaron las gestiones para escriturar nuevamente el terreno a nombre de la Provincia de Tucumán, consolidando así su carácter de bien público. Una vez cumplido ese paso, se procedió a comunicar formalmente a la familia Monroy que debía retirarse del lugar en un plazo perentorio.
Este episodio no constituye un hecho aislado. A raíz de las crecientes denuncias por ocupaciones irregulares en distintas áreas de Tafí del Valle y sus alrededores, el Gobierno tucumano ha intensificado una batería de acciones destinadas a restituir terrenos considerados estratégicos desde el punto de vista ambiental, turístico o de servicios.
Entre las iniciativas más significativas llevadas adelante en este proceso se encuentra la paralización de una feria de artesanos prevista para instalarse en el paraje Ojo de Agua, la recuperación de dos lotes ocupados por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar, y el desmantelamiento del asentamiento conocido como “Loteo Gaucho Castro”. Además, se procedió al cierre definitivo del local nocturno “Costa de Piedra”, a la clausura de una confitería que incluía venta de artesanías sin habilitación, y a la recuperación del edificio del Tucumán Yacht Club. También fue desarticulado el emprendimiento de pesca recreativa conocido como “El Pelao”.
Todas estas acciones son parte de una estrategia estatal integral, diseñada y promovida por el gobernador Osvaldo Jaldo, y ejecutada por la Fiscalía de Estado con el objetivo de garantizar la preservación del patrimonio natural, el uso racional y seguro del suelo y la protección de los ecosistemas en una de las regiones con mayor valor ecológico y turístico de la provincia.