El servicio de transporte público en San Miguel de Tucumán amaneció este jueves prácticamente paralizado debido a una nueva medida de fuerza convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El paro se origina como respuesta a la reciente decisión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que dispuso la suspensión de 150 trabajadores pertenecientes a distintas líneas urbanas de la capital provincial.
La huelga provocó que miles de usuarios quedaran sin colectivos para trasladarse, generando una fuerte alteración en la rutina cotidiana de los tucumanos y profundizando un conflicto que ya arrastraba tensiones previas entre las empresas prestatarias del servicio y el Municipio capitalino.
Detalles del conflicto
1. Origen del paro:
La UTA resolvió iniciar la medida de fuerza como respuesta directa a la decisión de AETAT de suspender a 150 choferes de distintas líneas urbanas. Según el gremio, esta disposición constituye un ataque a los derechos laborales y una provocación en medio de un clima de incertidumbre económica y precariedad en el sector.
2. Alcance del paro:
El cese de actividades afecta a 13 de las 14 líneas de colectivos que circulan en San Miguel de Tucumán. La única excepción es la Línea 8, cuyos trabajadores no fueron incluidos en el listado de suspensiones y, por lo tanto, continúan prestando el servicio con normalidad.
3. Contexto de larga tensión:
Este nuevo episodio se enmarca en un enfrentamiento que lleva meses entre los empresarios del transporte y el gobierno municipal, principalmente por desacuerdos en torno al financiamiento del sistema, los subsidios, la rentabilidad del servicio y la falta de controles al transporte informal.
4. Próximos pasos:
El secretario general de la UTA Tucumán, César González, señaló que durante el día se mantendrán reuniones para analizar la continuidad o el levantamiento del paro, dependiendo de la respuesta que reciban por parte de las autoridades y de AETAT.
5. Reclamos del sector empresario:
Desde la entidad empresaria sostienen que el conflicto tiene origen en la falta de cumplimiento de la “ecuación económica” prevista por las normas vigentes. Alegan que el Municipio, como poder concedente, no garantiza los ingresos suficientes para sostener la operación del sistema, lo que obliga a las empresas a tomar medidas drásticas.
6. Servicios no afectados:
Por el momento, la medida de fuerza sólo alcanza a las líneas que operan dentro de la capital tucumana. Los servicios interurbanos y rurales continúan funcionando con normalidad, ya que las notificaciones de suspensión únicamente fueron enviadas a choferes de la ciudad.
7. Transporte ilegal:
AETAT también denunció la falta de controles por parte de la Municipalidad para erradicar modalidades de transporte informal, como Uber Moto, que —según los empresarios— compiten de manera desleal y agravan la crisis económica del sector formal.
8. Propuesta de financiamiento alternativo:
Tras las elecciones del 26 de octubre, los empresarios del transporte retomaron su propuesta de implementar un sistema de pago por kilómetro recorrido, similar al modelo aplicado en la provincia de Salta. Argumentan que esta modalidad permitiría sostener la prestación del servicio sin necesidad de recurrir a incrementos tarifarios.
9. Cruces institucionales:
El conflicto escaló luego de un fuerte intercambio de declaraciones entre AETAT y el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, quien acusó a los empresarios de adoptar una “actitud extorsiva”. En respuesta, los transportistas afirmaron que la “inacción” del Municipio frente a la crisis y la falta de control del transporte ilegal están llevando al “quebranto del sector”.
10. Posición empresarial sobre tarifas:
Finalmente, desde AETAT aclararon que su intención no es promover un aumento inmediato del boleto, sino reformar el esquema de financiamiento vigente para garantizar ingresos que permitan cubrir los costos operativos del servicio y evitar nuevas suspensiones o despidos.
En síntesis, el paro de colectivos en San Miguel de Tucumán expone una crisis estructural que combina problemas económicos, tensiones políticas y reclamos cruzados entre las partes involucradas. Mientras los usuarios padecen las consecuencias directas de la falta de transporte, el conflicto vuelve a poner en el centro del debate la sostenibilidad del sistema público de pasajeros en la provincia.