Luego de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, diversas organizaciones sindicales universitarias manifestaron su rechazo mediante medidas de fuerza. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que nuclea a los empleados no docentes del sistema universitario, declaró un paro nacional de 24 horas bajo la consigna de “defender la democracia” y denunciar lo que consideran un intento de proscripción política contra la ex mandataria. Esta acción comenzó a ejecutarse desde la madrugada, lo que ha generado la suspensión o reducción de actividades en numerosas universidades del país.
La Fatun difundió su postura a través de sus redes oficiales, subrayando que la protesta incluye la no concurrencia a los lugares de trabajo. En su mensaje, la federación sostiene que el fallo del máximo tribunal “avala un proceso judicial que no solo interfiere en la vida política del país, sino que también debilita los pilares institucionales de la democracia”. Asimismo, expresaron que “la patria está en riesgo, y en ese contexto, no defenderla sería inadmisible”.
El sindicato sostiene que esta decisión judicial constituye un punto de quiebre en la credibilidad del Poder Judicial argentino, al que acusan de actuar con parcialidad y de estar cooptado por intereses que buscan excluir a figuras políticas del ámbito electoral. Según el comunicado, este escenario representa un claro caso de persecución política que pone en juego el derecho ciudadano al voto y a la participación democrática.
Además, los no docentes compararon la situación de Cristina Fernández de Kirchner con otros antecedentes regionales. Recordaron especialmente el caso del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue encarcelado y luego liberado tras una causa judicial que muchos consideraron arbitraria y de motivación política. Desde Fatun advierten que en América Latina se han utilizado maniobras judiciales para obstaculizar a líderes populares, y consideran que la historia parece repetirse en Argentina.
Por todo esto, el gremio llamó a sus afiliados y al conjunto de la ciudadanía a mantenerse movilizados y a actuar en defensa activa de la democracia y de los derechos conquistados, alertando sobre los peligros de que se consoliden prácticas antidemocráticas que vulneren las instituciones y la voluntad popular.
En paralelo, en la provincia de Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) dio inicio a un plan de lucha de 48 horas, aunque con una motivación distinta: la fuerte pérdida del poder adquisitivo. El gremio denunció que los sueldos de los trabajadores docentes y preuniversitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza, con una caída real superior al 100% frente a la inflación acumulada en los últimos meses.
Adiunt reclama una recomposición salarial urgente, señalando que la situación económica del sector es insostenible. En su comunicado oficial, indicaron que miles de docentes atraviesan una crisis sin precedentes, con salarios que ya no permiten cubrir necesidades básicas, y alertaron sobre la desvalorización creciente de la labor educativa en el país.
De este modo, tanto Fatun como Adiunt pusieron en marcha sus respectivas medidas de protesta, aunque con demandas distintas: por un lado, la defensa del sistema democrático ante una supuesta judicialización de la política; y por otro, la exigencia de una mejora urgente en las condiciones laborales y salariales de quienes sostienen la educación superior en Argentina.