Luis “Pato” Campos, ex intendente de Juan Bautista Alberdi, quedó nuevamente en el centro de la escena judicial. Luego de haber sido intervenido y removido de su cargo por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo debido a las sospechas que lo vinculan con actividades relacionadas al narcotráfico, este viernes se presentó en la sede de Gendarmería Nacional con el objetivo de cumplir con la citación a declaración indagatoria. No lo hizo solo: lo acompañó su esposa, la legisladora oficialista Sandra Figueroa, quien también debía presentarse ante la Justicia Federal en el marco de la misma investigación que avanza en torno a un expediente por narcotráfico.
A su llegada, Campos dialogó brevemente con La Gaceta. Con pocas palabras, pero con un mensaje claro, afirmó: “Tengo que ponerme a derecho”, expresando que debía ajustarse a los requerimientos judiciales. En la puerta del edificio, mientras aguardaba el inicio del trámite judicial, intentó dar una imagen de calma, aunque dejó en claro que actuaría siguiendo las indicaciones de su defensa legal.
El ex jefe municipal agregó que su presencia en la sede judicial respondía a la fecha fijada para la indagatoria y que, tal como lo aconsejó su abogado, decidió ponerse a disposición de las autoridades competentes. “Nuestra situación es de total inocencia y será la Justicia la encargada de esclarecer este caso”, sostuvo con firmeza. También recordó su habitual disposición a hablar con la prensa, aunque en esta ocasión señaló que debía ser prudente y ceñirse a lo indicado por su defensa legal.
Campos insistió en rechazar de manera contundente las acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico: “Siempre negamos rotundamente lo que se dijo sobre nosotros. Hemos sido personas dedicadas a luchar en beneficio de la comunidad, no a lo contrario”, subrayó, reafirmando su postura de inocencia y de compromiso con la sociedad alberdiana.
La investigación que lo tiene como imputado comenzó a tomar fuerza a inicios de junio, cuando se difundió un audio de una conversación entre Campos y el empresario Roque “Chipi” Jiménez. Ese material, que rápidamente se viralizó, expuso presuntos vínculos entre funcionarios municipales y redes de narcotráfico. Además, durante el proceso judicial surgieron indicios de posibles irregularidades en el manejo de fondos que debían destinarse a obras públicas, lo que complicó aún más el panorama del ex intendente y de su entorno cercano.
La causa no solo apunta contra Campos. A pedido de la fiscala federal Mónica García de Targa, también fueron imputados y procesados varios ex funcionarios y allegados de la gestión municipal. Entre ellos se encuentran José Roldán, quien se desempeñó como secretario de Hacienda; Albano Loru, ex concejal; Pablo “Maceta” Barrionuevo, encargado de la oficina de Desarrollo Social del municipio; y José “Cuchamota” Funez, un dirigente gremial que tiempo atrás ya había denunciado presuntas irregularidades en la administración de Alberdi.
De esta manera, el expediente reúne a diferentes actores políticos y sociales bajo la lupa judicial, y mantiene en vilo a la comunidad de Alberdi, que observa cómo su ex intendente y otros referentes locales deben dar explicaciones ante la Justicia por causas graves como el narcotráfico y el presunto desvío de fondos públicos.