Pettovello canceló más de 10 programas sociales enfocados en la niñez, adolescencia y familia

El Ministerio de Capital Humano nacional, bajo la dirección de Sandra Pettovello, ha decidido disolver un total de 11 programas que pertenecían a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, lo que llevará al achicamiento de dicha área y afectará a cerca de 500 empleados del sector.

Esta medida, al igual que otras implementadas por el gobierno de Javier Milei, tiene como argumento la búsqueda de «gestión y administración eficiente de los recursos». La disolución fue formalizada a través de varias resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

La resolución incluye el pase a «disponibilidad» de los trabajadores afectados, de acuerdo con el artículo 11 del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, que establece que los empleados impactados por estas decisiones estarán en esta situación por un plazo máximo de 12 meses. Además, se anuló la normativa que regía el funcionamiento de los Centros de Referencia, que son espacios destinados a la gestión descentralizada del Ministerio en diversas provincias y municipios. Estos centros ofrecían asesoramiento para facilitar el acceso de los ciudadanos a diferentes programas y servicios, organizaban talleres de capacitación gratuitos y trabajaban en conjunto con organizaciones sociales para fomentar el desarrollo local.

Entre los programas eliminados se encuentra el Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos, que se enfocaba en garantizar el desarrollo integral de niños y adolescentes, asegurando su integración familiar y comunitaria. También se terminó la actividad de varios espacios de contención y fortalecimiento del sistema de protección de los derechos de los menores, como los conocidos Espacios Unzué, Sarmiento, Crescencia Boado de Garrigós, Colonia Gutiérrez e Inchausti, los cuales promovían la convivencia familiar.

El Ministerio también cerró el Programa Nacional de Derecho al Juego (Jugar), que tenía como propósito garantizar el derecho al juego para niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. Igualmente, se canceló el Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias, destinado a asegurar que los menores pudieran acceder a actividades recreativas y de esparcimiento.

Una de las decisiones clave fue la disolución de la Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos, dado que se identificaron redundancias en sus funciones con otros programas, lo que resultaba en un uso ineficiente de los recursos públicos.

Asimismo, se cerró el Departamento de Salud Integral, que proporcionaba asistencia directa a niños y adolescentes en instituciones dependientes de la Secretaría de Niñez. Este cierre fue justificado por la necesidad de racionalizar los recursos y evitar duplicaciones en las funciones.

El Ministerio también dio por terminada la operación del Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad, que brindaba apoyo a los menores cuyos padres estaban en prisión o arresto domiciliario. También fue eliminado el Programa Línea Activar, que promovía la participación y autonomía de los adolescentes, además del Consejo Consultivo de Adolescentes y el Programa Nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este proceso de reestructuración y reducción de programas ha generado reacciones encontradas. Algunos apoyan la medida, destacando la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos públicos, mientras que otros critican el impacto negativo que tendrá en los sectores más vulnerables, particularmente en lo que respecta a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. La disolución de estos programas forma parte de una estrategia más amplia de achicamiento del Ministerio de Capital Humano, lo que podría resultar en una pérdida de espacios de contención y desarrollo para los menores más necesitados.