En el transcurso de este miércoles, se revelaron dos nuevas identificaciones de desaparecidos relacionados con crímenes de lesa humanidad. Los restos fueron descubiertos en el Pozo de Vargas, ubicado en el municipio de Tafí Viejo, Tucumán, considerado como la fosa común más extensa de Argentina.

Hasta ahora, se han confirmado 119 identidades de víctimas del Operativo Independencia y la última dictadura cívico-militar cuyos cuerpos fueron arrojados a este pozo, que luego fue sellado en un intento de ocultar su existencia. Los restos identificados corresponden al trabajador azucarero Carlos Santillán y a un joven santiagueño de apellido Arévalo. La falta de precisión en el caso del último se debe a que tres hermanos de la misma familia fueron arrojados al pozo.
La notificación de las identificaciones tuvo lugar la semana pasada y estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), encargado de realizar estudios e investigaciones para determinar las identidades de los restos. Estos estudios, en el caso del Pozo de Vargas, de 39 metros de profundidad, fueron realizados por peritos arqueólogos y otros especialistas del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).
Ambos grupos de científicos han estado trabajando en esta investigación durante 21 años. La falta de una clara política nacional de apoyo a estas tareas, junto con la resistencia en algunos sectores del Poder Judicial Federal, ha provocado demoras en los trabajos, generando escasez de fondos en varios periodos, lo que ha retrasado la identificación de los restos y ha causado angustia a los familiares que buscan saber el destino de sus seres queridos desaparecidos.
Carlos Santillán, el obrero azucarero, fue secuestrado a los 28 años el 11 de julio de 1976. Trabajaba como jornalero en el ingenio azucarero San Juan y era militante sindical de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA). Su familia ya había sufrido otra pérdida antes, cuando su hermano Raúl César, dos años menor, también trabajador en el San Juan, fue secuestrado y aún permanece desaparecido.
La segunda notificación del EAAF se realizó en Buenos Aires y se refiere a fragmentos de restos encontrados en el Pozo de Vargas pertenecientes a un joven de apellido Arévalo, parte de una familia originaria de Santiago del Estero que sufrió cinco desapariciones. La brutal historia incluye a Emilio Confesor, obrero de la construcción; su hijo Antonio; y los hermanos Alberto, Alfredo y Domingo Arévalo, todos hijos de Emilio. Los restos óseos encontrados en la fosa tucumana son compatibles con los dos últimos, los menores, debido a la poca diferencia de edades. La familia aún desconoce el destino de cuatro de sus miembros.

Equipo Argentino de Antropología Forense
El Pozo de Vargas, de origen ferroviario, fue utilizado en los años 70 durante el Operativo Independencia y la última dictadura como fosa para arrojar los restos de desaparecidos, previamente torturados y asesinados. La Justicia Federal inició una investigación hace casi 21 años, y en septiembre de 2023, la excavación llegó al fondo de casi 40 metros de profundidad. Las tareas en los laboratorios del EAAF y del CAMIT continúan, y se han encontrado importantes volúmenes de fragmentos de huesos y objetos asociados, como billeteras, calzados, anteojos y cadenas con medallas o crucifijos, entre otros. La primera identificación de restos en el pozo se realizó el 11 de diciembre de 2011, cuando se confirmó que el ex senador provincial Guillermo “Chonga” Vargas Aignasse fue arrojado allí. Hasta ahora, se han identificado 119 restos, y al menos 31 aún esperan ser nombrados.
