Un empleado de una empresa azucarera está bajo investigación por presunta estafa a la compañía mediante la emisión de remitos electrónicos fraudulentos. Julio Ernesto Hashiguchi, quien trabajó más de ocho años en el área de logística comercial de una empresa distribuidora en Banda del Río Salí, habría utilizado remitos electrónicos para justificar la entrega de mercancías a dos empresas acreedoras. Sin embargo, tras la salida de los cargamentos de los depósitos, anulaba estos documentos aprobados por la AFIP y redirigía la mercancía a otros destinos, provocando un perjuicio económico millonario a su empleador.
Andrea Carlino, auxiliar de fiscal, informó que entre el 7 de marzo y el 18 de junio de 2024, Hashiguchi habría anulado indebidamente remitos electrónicos en 15 ocasiones. Utilizando su conocimiento de las operaciones internas y el saldo a favor de las empresas acreedoras, desplazó un total de 11.900 bolsas de azúcar, generando un daño económico aproximado de $200 millones. Los remitos indicaban que se realizaron 12 pedidos a nombre de una empresa, y tres a otra, sumando en total 15 movimientos fraudulentos.
El director de la empresa explicó que aunque los empleados pueden generar y anular remitos electrónicos con su CUIL y clave fiscal, Hashiguchi no tenía autorización para hacerlo. Tras la aprobación de los remitos por la AFIP, los choferes cargaban la mercancía pero la entregaban en destinos no autorizados, incluyendo una fraccionadora en Banda del Río Salí. Hashiguchi anulaba los remitos el mismo día, haciendo que la compañía no notara la pérdida inmediata, mientras que el saldo a favor de las empresas acreedoras disminuía.
El fraude fue descubierto cuando una de las empresas intentó hacer un pedido y encontró que su saldo estaba agotado. Una investigación interna reveló que ninguna de las dos empresas había recibido la mercancía consignada. Durante esta investigación, Hashiguchi renunció a la empresa mediante un mensaje de WhatsApp y posteriormente formalizó su partida con un telegrama.
La denuncia fue presentada a la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por María del Carmen Reuter. Los choferes confirmaron que recibían instrucciones directamente de Hashiguchi, quien les entregaba los remitos y la dirección de entrega. La persona que recibía la mercancía en el destino pagaba al chofer.
El 5 de julio, la División de Delitos Telemáticos realizó allanamientos en la residencia de Hashiguchi y en la fraccionadora involucrada, confiscando dispositivos móviles y computadoras para análisis. Carlino no descartó la posibilidad de descubrir coautores del delito a partir del análisis de estos dispositivos.
En una audiencia reciente, la fiscalía formalizó la acusación contra Hashiguchi por estafa. La auxiliar fiscal, apoyada por el abogado querellante Emilio Mrad, solicitó medidas de coerción de menor intensidad, incluyendo la promesa del acusado de someterse al proceso y presentarse semanalmente en la comisaría. La jueza Isabel Méndez aceptó la solicitud de la fiscalía, permitiendo que Hashiguchi continúe en libertad mientras avanza la investigación.