Prisión preventiva y un embargo de 3 millones de pesos a una alumna por una amenaza de bomba

De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal Mariana Rivadeneira, Malena Anahí Serrano supuestamente envió un mensaje por medio de WhatsApp el 7 de agosto a una profesora de la escuela, advirtiéndole sobre la presencia de dispositivos explosivos en los tres niveles del edificio educativo. Se afirmaba que estos artefactos causarían serios daños en un radio de 1.000 metros alrededor. Más tarde, envió otro mensaje intimidatorio similar.

La representante del Ministerio Público enfatizó que al día siguiente del incidente, la acusada desactivó la línea telefónica tras comunicarse con el proveedor del servicio, alegando que su teléfono había sido robado.

En su testimonio, Serrano argumentó que había dejado de usar esa línea meses atrás y había dado su tarjeta SIM a un compañero cuya identidad no se revela debido a su estatus de menor de edad. Sugirió que él podría ser el responsable de la amenaza. Afirmó que durante los momentos en que se enviaron los mensajes, ella estaba durmiendo en su casa.

La fiscal destacó que la acusada había tomado medidas que parecían obstruir la investigación, como la desactivación de la línea y la denuncia de robo del teléfono. También subrayó la gravedad de enviar el mensaje a una docente. Además, expresó preocupación sobre el comportamiento futuro de la acusada y el impacto social de este tipo de crímenes en la región.

Rivadeneira también solicitó que se imponga un embargo de tres millones de pesos hasta que se resuelva el caso. Argumentó que se deben tener en cuenta los costos derivados de este tipo de acciones, que generan angustia en la comunidad y requieren la movilización de la policía, los bomberos y los servicios de emergencia, lo que supone una carga económica para el Estado. También mencionó las pérdidas económicas para los negocios locales y las dificultades para los ciudadanos afectados.

El abogado defensor de la acusada, Juan Martín Villegas, consideró «aberrante» la acusación de la fiscal y sostuvo que viola los derechos de la mujer. Insistió en que su defendida estuvo disponible para la justicia y que no existen pruebas en su contra. Hizo hincapié en que Serrano afirmó haber entregado la tarjeta SIM a otra persona.

El juez Alejandro Valeros estuvo de acuerdo con la fiscal en que existen pruebas que indican que la acusada intentó obstaculizar la investigación. Añadió que también se demostró que la acusada podría influir negativamente en testigos, como en el caso del mensaje enviado a la docente. Además, consideró apropiada la duración del embargo solicitado.

Finalmente, el juez no se opuso al pedido de embargo del Ministerio Público, ya que consideró que sí se había causado un perjuicio al Estado. Argumentó que estas conductas perjudican a la sociedad en general, especialmente a las niñas y los niños, así como a la comunidad educativa en su conjunto.