Procesan a una influencer por usar datos de Jaldo y otros gobernadores para traer ropa de Miami y le traban embargo

En el marco de una causa por contrabando simulado, el juez federal José Manuel Díaz Vélez resolvió dictar el procesamiento de Valentina Olguín, una influencer y cantante oriunda de Santiago del Estero, que enfrenta acusaciones por haber utilizado sin autorización los datos personales del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo para realizar compras en el exterior. Además, el magistrado dispuso un embargo sobre los bienes de la joven por un monto de cinco millones de pesos, aunque la medida se circunscribe únicamente al caso vinculado a Jaldo. Pese a la gravedad de la imputación, Olguín continuará el proceso judicial en libertad. Su equipo de defensa analiza la posibilidad de solicitar una suspensión del juicio a prueba, conocida como “probation”.

La investigación comenzó en noviembre del año pasado, cuando Jaldo detectó movimientos inusuales vinculados a su identidad fiscal. Se trataba de tres compras realizadas en una tienda de Miami que figuraban a su nombre. Tras confirmar que nadie de su entorno había hecho uso del cupo de importación correspondiente, el mandatario acudió a la Justicia Federal, donde radicó una denuncia ante la fiscalía dirigida por Agustín Chit. “Decidimos mantener el tema en reserva para no interferir con la labor de la Justicia Federal”, declaró el gobernador.

Valentina Olguín, la cantante de Santiago del Estero denunciada por usar el CUIT de cinco gobernadores para importar ropa.

A partir de la denuncia, y con la colaboración de la Dirección General de Aduanas, la fiscalía avanzó en la pesquisa y logró determinar que Olguín había empleado no solo la identidad de Jaldo, sino también su número de documento nacional de identidad (DNI) y su domicilio fiscal para concretar las compras. Las mercaderías importadas eran enviadas a direcciones ubicadas en distintas provincias: Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. A medida que la investigación avanzaba, surgió que el mismo modus operandi se había aplicado con los datos de otros cuatro gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).

Curiosamente, sólo Kicillof y Jaldo advirtieron la maniobra por sus propios medios, apoyándose en sus conocimientos técnicos —el primero es economista y el segundo contador—. Los demás mandatarios tomaron conocimiento del hecho cuando fueron notificados por el equipo del fiscal Chit, quien continúa desglosando el caso para remitirlo a las respectivas jurisdicciones, a fin de que se evalúe la apertura de nuevas investigaciones.

Durante su comparecencia ante el juzgado, Olguín —acompañada por su abogada, Claudia Paz— habría reconocido su implicación en los hechos. Según su versión, accedió a la información de los gobernadores a través de búsquedas en Internet, particularmente utilizando Google. Explicó que recurrió a utilizar identidades ajenas luego de haber consumido no solo su propio cupo de compras del exterior, sino también el de familiares y personas cercanas. Alegó además que pensó que los paquetes enviados a nombre de funcionarios de alto rango podrían evitar controles aduaneros más rigurosos. No obstante, los investigadores judiciales no consideran del todo convincente esta explicación y sostienen la hipótesis de que hubo una planificación previa y consciente para burlar los mecanismos de fiscalización.

Por el momento, el procesamiento se limita exclusivamente al uso de la identidad de Jaldo. El juez Díaz Vélez convalidó la acusación presentada por el fiscal Chit en este punto, mientras que las demás causas quedaron en manos de fiscales de otras provincias, quienes decidirán si inician actuaciones judiciales similares en sus jurisdicciones.

La estrategia defensiva se orienta ahora a solicitar una probation, una figura legal contemplada para aquellos acusados sin antecedentes penales que enfrentan delitos con penas no superiores a los tres años de prisión. En este marco, Olguín podría evitar el juicio oral si acepta cumplir ciertas condiciones impuestas por el tribunal. Entre las opciones barajadas figura una reparación económica, como una donación al Hospital de Niños, así como un pedido formal de disculpas al gobernador Jaldo.

La influencer fue imputada en base al artículo 864, inciso e, del Código Aduanero, que sanciona a quien, mediante maniobras engañosas, simula operaciones de importación o exportación para obtener un provecho económico. Las penas contempladas por este tipo de delito van de dos a ocho años de prisión. A pesar de la gravedad de la acusación, la causa no incluye cargos por malversación de fondos públicos, ya que se determinó que las compras fueron realizadas con recursos propios de Olguín. De haberse utilizado dinero de los funcionarios afectados, las consecuencias legales habrían sido aún más severas.