Diversas organizaciones sociales, asociaciones civiles y ONGs protagonizaron este jueves una jornada nacional de protesta con epicentro en el Congreso de la Nación, en la que se exigió la urgente aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. A esta movilización se sumaron trabajadores del sector, prestadores de servicios vinculados a personas con discapacidad, quienes también reclamaron mejoras en los honorarios profesionales y condiciones laborales más dignas.
Desde temprano, alrededor de las 10:30 de la mañana, comenzaron a congregarse en los alrededores del Palacio Legislativo madres, padres, terapeutas, profesionales, niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Portando carteles y consignas, exigieron respuestas concretas del Gobierno ante el desfinanciamiento creciente del sistema de atención a personas con discapacidad.
Uno de los puntos más sensibles fue la denuncia por la eliminación de Pensiones No Contributivas, un beneficio que históricamente ha sido vital para miles de personas con discapacidad y que, según las organizaciones presentes, ya ha sido suspendido para más de 200 mil personas. También se reclamó por la falta de cobertura en prestaciones básicas, como terapias y medicamentos, y se destacó el reiterado incumplimiento del cupo laboral del 4% establecido por ley para personas con discapacidad en organismos del Estado.
Mariana, una fonoaudióloga que trabaja en una escuela de Monte Grande, expresó su preocupación al señalar que las obras sociales y prepagas, que deben financiar tanto la educación como los tratamientos de las personas con discapacidad, están aplicando recortes cada vez más severos, afectando así la continuidad y calidad de la atención.
La agrupación Asamblea Discas en Lucha aportó datos alarmantes sobre el impacto concreto de estas políticas: pacientes que deben espaciar la toma de medicamentos para que una caja alcance un mes entero, o personas diabéticas que no reciben las tiras reactivas necesarias para controlar su enfermedad. Lorena, una de las manifestantes, subrayó lo dramático de la situación: «Están auditando las pensiones para quitarlas, y encima lo hacen citando a los beneficiarios a lugares inexistentes. Es una forma de maltrato institucional».
La manifestación llegó a cortar por momentos el tránsito sobre la avenida Callao, y una imagen potente fue la de una soga tendida entre postes de luz, de la cual colgaban pañuelos y pedazos de tela con nombres y mensajes escritos por madres. Una de ellas explicó que el gesto buscaba visibilizar, desde el amor y el dolor, el impacto que estas políticas tienen sobre la vida de sus hijos e hijas.
El deterioro de los Centros de Día, únicos espacios de socialización para muchas personas con discapacidad, fue otra preocupación central. La baja remuneración que reciben los profesionales está provocando un éxodo hacia el sector privado, donde no todos pueden acceder a las mismas prestaciones.
En el plano legislativo, se informó que la Cámara de Diputados tiene previsto debatir en el recinto el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, el cual ya cuenta con dictámenes en comisión. No obstante, desde la Casa Rosada se manifestaron en contra de la propuesta alegando su compromiso con el «déficit cero». Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) afirmaron que se trata de una iniciativa “regresiva”, que reproduce un modelo “asistencialista” que ya ha fracasado, y que contradice los estándares internacionales de inclusión.
La protesta no fue un hecho aislado en Buenos Aires. En el marco de una Jornada Federal, se replicaron manifestaciones en múltiples puntos del país, incluyendo plazas centrales y espacios públicos en ciudades de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Tucumán, San Luis, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Catamarca, Misiones y San Juan, entre otras.
La movilización nacional puso de manifiesto la urgencia de respuestas por parte del Estado frente a un escenario que, según los manifestantes, está desmantelando los derechos y la calidad de vida de miles de personas con discapacidad y sus familias.