Reducción de la edad penal en Tucumán: ¿cuál sería su verdadero impacto?

En el marco del creciente debate a nivel nacional sobre la propuesta para reducir la edad mínima de imputabilidad penal de 16 a 14 años, diversas estadísticas oficiales y opiniones especializadas desde Tucumán arrojan una mirada crítica sobre la verdadera dimensión del problema. Los datos sugieren que la participación de adolescentes en actividades delictivas es ínfima, lo que pone en duda la efectividad de una reforma centrada en el castigo en lugar de priorizar estrategias de protección e inclusión.

De acuerdo con cifras proporcionadas por instituciones provinciales, actualmente solo seis jóvenes menores de edad permanecen bajo detención en el Instituto Roca, un centro especializado en la contención de adolescentes en conflicto con la ley penal. Este número representa tan solo el 0,17% de la población carcelaria de Tucumán, que supera las 3.500 personas privadas de libertad.

Este dato se vuelve especialmente relevante en el contexto de la iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno nacional, que ya avanzó con dictamen en comisión y que busca habilitar que adolescentes desde los 14 años puedan enfrentar procesos judiciales penales como si fueran adultos. De prosperar la propuesta, significaría un cambio profundo en el abordaje penal juvenil.

No obstante, estadísticas oficiales indican que las causas penales abiertas contra jóvenes de 16 y 17 años apenas alcanzan el 2,5% de los delitos cometidos por adultos, lo cual revela una incidencia marginal de los menores en los índices generales de criminalidad en el país. Lejos de ser protagonistas de la inseguridad, los adolescentes aparecen en los márgenes del fenómeno.

El caso de Tucumán refleja esta tendencia de forma aún más evidente. La subdirectora del área de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Andrea Salinas, brindó detalles del panorama local: de los seis jóvenes alojados actualmente en el Instituto Roca, cinco fueron acusados por delitos contra la propiedad –principalmente robos– y uno enfrenta cargos por homicidio. Según recordó, hubo un aumento momentáneo en la cantidad de internos entre junio y julio del año pasado, cuando llegaron a albergar a 15 jóvenes, pero esa cifra descendió notablemente con el paso de los meses.

“La participación de adolescentes en hechos delictivos en nuestra provincia es muy baja. No podemos atribuirles a ellos el problema de la inseguridad que preocupa a la sociedad”, afirmó Salinas. Además, resaltó que el sistema judicial juvenil en la provincia se rige por un enfoque restaurativo, donde la prioridad está puesta en la reparación del daño, el seguimiento integral y la contención del entorno familiar y social del adolescente.

Este modelo busca comprender que muchas de las conductas delictivas de jóvenes están ligadas a contextos adversos, como la violencia doméstica o el consumo problemático de sustancias. Por eso, según explicó Salinas, es esencial que los procesos judiciales incluyan intervenciones interdisciplinarias que aborden estos factores.

Uno de los episodios más recordados y que provocó fuerte impacto mediático fue el de un niño apodado “Pequeño”, quien con apenas 12 años fue filmado en 2020 manipulando armas de fuego y lanzando amenazas de muerte. El video, grabado en Tucumán, se viralizó a nivel nacional y reavivó los debates sobre la violencia infantil. Sin embargo, especialistas advirtieron que este tipo de situaciones, por más alarmantes que resulten, son casos excepcionales y no deben usarse como base para generalizar ni para sustentar reformas penales que modifiquen todo el sistema.

En la actualidad, los adolescentes de entre 14 y 16 años que cometen delitos no son considerados penalmente responsables, aunque pueden ser sujetos de medidas de protección y programas de seguimiento. “La meta es reinsertarlos en el sistema educativo, que construyan una perspectiva de futuro y eviten repetir comportamientos delictivos. Desde nuestra mirada, aumentar el castigo no es la solución. La clave está en integrar, no en excluir”, afirmó Salinas.

Por otro lado, también se manifestaron en contra del proyecto de ley sectores vinculados al ámbito judicial. La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) expresó su rechazo mediante un comunicado oficial, firmado por su presidenta, la tucumana Marcela Ruiz, y su secretario general, Christian Fabio. En el documento, la entidad calificó la iniciativa del Ejecutivo como una “regresión normativa” que contradice los principios establecidos por el Derecho Internacional en materia de derechos humanos, en especial los estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

“La FAM hace un llamado a que el debate legislativo y social se realice con seriedad, basado en datos reales, y que involucre a especialistas que puedan aportar a la construcción de políticas públicas eficaces, con un enfoque centrado en los derechos humanos”, concluye el escrito.

En definitiva, desde los organismos especializados en justicia penal juvenil y en base a la evidencia estadística disponible, se insiste en que la inseguridad no se combate con medidas punitivas dirigidas a los más jóvenes. En cambio, proponen una mirada integral que combine prevención, acompañamiento psicosocial y oportunidades concretas para el desarrollo de adolescentes vulnerables. En Tucumán, la experiencia del Instituto Roca y sus profesionales refuerza este mensaje: no se trata de castigar más, sino de incluir mejor.