Revelan información reciente sobre el cura denunciado por abuso

Juan Andrés Robles, abogado del Arzobispado de Tucumán, explicó que la institución eclesiástica actúa siguiendo los lineamientos establecidos por el Papa Francisco en relación a los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Según indicó, esta política implica recibir las denuncias y poner en marcha acciones inmediatas. En ese marco, se notificó al Ministerio Público Fiscal de la provincia y, de manera simultánea, se dio inicio a una causa penal canónica, lo que derivó en la suspensión provisional del sacerdote implicado.

La denuncia que desencadenó la intervención se produjo a comienzos de mayo, cuando una adolescente de 16 años se presentó ante la Comisión Interdiocesana para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Esta entidad fue creada en 2020 a partir de una iniciativa conjunta entre el arzobispo Carlos Sánchez y el entonces obispo de Concepción, Melitón Chávez, ya fallecido. La joven señaló que había sufrido un abuso sexual por parte del sacerdote Eduardo López a inicios del año en curso.

Robles relató que la joven fue recibida en una entrevista en la que también participó la psicóloga María Inés Hernández. A partir del testimonio recibido, se procedió a activar los protocolos que la Iglesia tiene establecidos desde hace tiempo para este tipo de situaciones. En consecuencia, el arzobispo Sánchez ordenó realizar las denuncias tanto en el ámbito judicial como dentro del fuero eclesiástico. “La entrevistamos junto a la psicóloga María Inés Hernández e inmediatamente se pusieron en marcha los protocolos claramente establecidos desde hace varios años. En base a eso, se aconsejó actuar de inmediato. El padre Sánchez, al enterarse de lo sucedido, ordenó que se hicieran las respectivas denuncias en la Justicia y en la Iglesia”, detalló Robles durante una entrevista brindada al diario La Gaceta.

El presunto ataque sexual tuvo lugar en una parroquia ubicada en el sector sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Sin embargo, por razones vinculadas a la protección de la menor denunciante, no se ha hecho público el nombre del templo. La joven decidió dar a conocer su experiencia tras un hecho clave: el traslado del sacerdote denunciado a la localidad de Tafí del Valle, ocurrido en abril. Desde entonces, y hasta hace pocos días, el caso se mantuvo en estricta confidencialidad. Fue recién cuando comenzaron a circular comentarios en redes sociales que la situación tomó estado público. Incluso se llegó a sugerir que la Iglesia no habría actuado frente a la denuncia, desconociendo que ya se habían iniciado los procedimientos legales y canónicos correspondientes.

Vecinos y feligreses del barrio en el que se ubica la parroquia prefirieron, en su mayoría, no dar declaraciones. Sin embargo, Luciana Gutiérrez, una residente de la zona, manifestó: “La denuncia ya se hizo y hay que esperar que se resuelva. Desde hace unos días que el rumor circulaba, pero nada más que eso. Obviamente que nos sorprendió mucho. Si llega a ser cierto, por más que sea un sacerdote, merece que reciba una condena ejemplar. No debe ser protegido”.

Por otra parte, hay incertidumbre entre los fieles respecto a las causas del traslado del padre López. “Nos sorprendió porque fue todo de golpe. Creo que fue quien lo pidió porque estaba agotado por la tarea que venía desarrollando”, explicó Juan Carlos Ramírez. Luego agregó: “Ahora nos damos cuenta que esta situación podría haber influenciado en su decisión”.

El expediente judicial quedó a cargo del fiscal Ignacio López Bustos, quien se encuentra evaluando el caso con absoluta reserva. Dentro del equipo investigador no se descarta que, a raíz de la exposición pública de este episodio, puedan presentarse nuevas denuncias contra el mismo sacerdote. “Si ello ocurre, se actuará de la misma manera”, aseguró Robles.

Sobre la Comisión

La Comisión Interdiocesana para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables fue concebida como un espacio destinado a recibir denuncias vinculadas con situaciones de abuso cometidas por figuras vinculadas a la Iglesia, ya sea sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos consagrados o catequistas. Además de facilitar la presentación de denuncias, el organismo tiene como objetivo brindar acompañamiento psicológico y legal a las víctimas durante los procesos judiciales y canónicos.

En los casos donde los acusados no pertenezcan al clero pero sí a instituciones de carácter religioso —como colegios confesionales o parroquias—, el protocolo vigente establece que las denuncias deben ser formalizadas directamente ante el Poder Judicial. En estas situaciones, también puede intervenir el servicio jurídico del Arzobispado para garantizar que se cumplan todos los procedimientos.

Desde el Arzobispado de Tucumán sostienen que su postura frente a hechos de esta naturaleza se apoya en cuatro pilares fundamentales: en primer lugar, la denuncia inmediata ante la Justicia penal ordinaria; en segundo lugar, la aplicación del “Protocolo de actuación para personas responsables de menores”; en tercer término, la formación constante y la reflexión dentro de las estructuras eclesiásticas; y, finalmente, la supervisión estricta sobre el comportamiento de sus miembros religiosos.